De “terrorismo” a “delincuencia organizada”: La confusión legal que obliga a la fiscalía Godoy a salir a aclarar
En el laberinto legal que sigue a un hecho de sangre, la elección de una palabra puede cambiar la dimensión política y judicial de un caso. Este lunes, desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dirigió la mirada y una demanda clara hacia la recién estrenada Fiscalía General de la República (FGR) y su titular, Ernestina Godoy. El motivo: la aparente contradicción en la clasificación del brutal ataque con auto bomba ocurrido el sábado en Coahuayana, Michoacán, que dejó un saldo de seis personas muertas. La pregunta de la prensa fue directa, y la respuesta de Sheinbaum lo fue aún más: “La Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar por qué de inicio clasificó como ‘terrorismo’ el ataque”.
La presidenta recordó la secuencia que generó la confusión. El mismo sábado del ataque, la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, informó que el hecho se investigaría como un “acto de terrorismo”. Sin embargo, para el domingo, la dependencia federal había dado un giro, reclasificando la indagatoria para apuntar a la “delincuencia organizada”. Ante esta discrepancia en menos de 48 horas, Sheinbaum evitó dar su propia interpretación y pasó la responsabilidad de la aclaración a la institución que dirige su exconsejera jurídica. “Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, señaló de manera contundente.
Sheinbaum, sin embargo, ofreció un escenario para esa explicación. Anunció que mañana martes, durante la conferencia de prensa, estaría presente el gabinete de seguridad, lo que presumiblemente incluiría a representantes de la FGR. “Mañana pueden explicarlo, explicar cómo se clasifica un delito de terrorismo en México o delincuencia organizada. Y también saber exactamente qué pasó”, apuntó, elevando la expectativa sobre una comparecencia que aclararía no solo el caso específico, sino los criterios legales que diferencian dos figuras delictivas de alta gravedad.
La mandataria ofreció un breve parte del estado de la investigación, señalando que “se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales”, y expresó su esperanza de que para el martes hubiera “más información para que todo mundo la conozca”. Subrayó que la correcta tipificación del delito depende de conocer con precisión “la causa, el modo en que ocurrió la explosión y quiénes fueron los responsables”. “A partir de la investigación también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó… La fiscalía tiene que hacer su parte en la investigación”, recalcó, delineando un proceso donde los hechos deben preceder a la etiqueta legal.
Consultada sobre si este violento episodio obligaba a un replanteamiento de la estrategia de seguridad en Michoacán —un estado ya reforzado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo—, Sheinbaum mantuvo el rumbo. Sostuvo que la prioridad sigue siendo “fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación”. “Un delito de este tipo tiene evidentemente que investigarse: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron. Para eso es importante reforzar la investigación”, argumentó. Recordó que desde el inicio de su administración se incrementó la labor de inteligencia en todo el país, “particularmente en Michoacán”, confiando en que de ese trabajo “vienen las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar”.
La crónica de este intercambio es la de una presidenta que, ante un caso mediático y brutal, ejerce presión sobre una institución que teóricamente es autónoma, pero a la que exige transparencia y coherencia. Al pedir explicaciones públicas a la FGR, Sheinbaum no solo busca aclarar un término, sino reafirmar que, en su gobierno, incluso la nueva fiscalía de su confianza debe rendir cuentas ante la opinión pública cuando sus declaraciones generan confusión. Es una prueba temprana para la gestión de Ernestina Godoy y para la prometida coordinación entre el Ejecutivo y la Fiscalía.