El Reloj de la Justicia se Acelera: La Revolución Silenciosa de la SCJN en 100 Días
Este miércoles 10 de diciembre, en un acto cargado de simbolismo y cifras contundentes, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz rindió cuentas de los primeros 100 días de la Nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El relato que presentó no fue el de una simple transición, sino el de una ruptura deliberada con el pasado. “Se dejó atrás una etapa de ‘Corte lenta, anquilosada, ensimismada y hasta soberbia’”, afirmó sin ambages, trazando una línea divisoria entre lo que fue y lo que, según su discurso, ahora es: una institución “cercana y abierta al pueblo, que cumple el mandato de escuchar, responder y transformar”.
La crónica de este cambio radical se puede medir, en primer lugar, en tiempo. Aguilar destacó una de las transformaciones más tangibles: el plazo para que un asunto llegue a las ponencias de los ministros se redujo drásticamente, de 60 a solo 15 días. Esta aceleración no es un mero trámite administrativo; es un intento de desatascar la maquinaria judicial más importante del país. Pero la agilidad no solo es en la entrada, sino en la resolución. Según las cifras presentadas, entre septiembre y noviembre de este periodo, la Corte resolvió 2,590 expedientes: 663 por el Pleno, 44 por acuerdo de ponencias y 1,883 por acuerdo de la Presidencia. El contraste con el pasado es abismal.
Aguilar lo cuantificó con una comparación reveladora: la nueva integración de la Corte resuelve en promedio 16.4 asuntos por sesión. La cifra anterior, según su informe, era de apenas 1.8. Este salto de más de nueve veces en la productividad por sesión evidencia, en sus palabras, que antes “de cada 100 asuntos, 98.15 se resolvían con la intervención de menos de la mitad de las ministras y ministros”, lo que reducía la pluralidad deliberativa. Ahora, insinuó, las decisiones son más colegiadas y transparentes.
La transparencia fue otro de los ejes de su relato. Hoy, aseguró, el 100% de las sesiones públicas se transmiten en vivo, se han reabierto las puertas del Pleno para la asistencia ciudadana directa y la atención al público ha aumentado en un asombroso 1,300%. “Por primera vez en nuestra historia constitucional, las ministras y ministros de este máximo tribunal fuimos electos mediante el voto popular, y como nunca antes la rendición de cuentas es un imperativo legal, ético y social”, declaró, vinculando la nueva legitimidad democrática con la obligación de operar a la vista de todos.
La crónica de estos 100 días también incluye un capítulo de austeridad con consecuencias presupuestales concretas. Aguilar anunció que, gracias a la “política de austeridad republicana” implementada, el Tribunal no requerirá los 661 millones de pesos adicionales que había solicitado la integración anterior. Este recorte, argumentó, no debilita a la institución, sino que redefine prioridades centradas en el interés público y el uso responsable de los recursos.
Finalmente, el informe dedicó un espacio significativo a lo que denominó “justicia con perspectiva de género e inclusión social”. Aguilar detalló acciones como la realización de un foro interno para elaborar un protocolo contra la violencia de género laboral, la firma de un pronunciamiento de “tolerancia cero” a la violencia contra las mujeres, talleres de masculinidades libres de violencia y la emisión de posicionamientos sobre temas sensibles como el aborto forzado y las terapias de conversión. Este enfoque busca imprimir en la Corte una agenda social activa.
Así, el informe de 100 días de Hugo Aguilar pintó el retrato de una Corte en movimiento, que combina una eficiencia administrativa sin precedentes reciente con una agenda de apertura, austeridad y perspectiva de género. Una institución que, según su narrativa, pasó de ser un bastión “ensimismado” a un tribunal que se mide por su capacidad para “escuchar, responder y transformar”, con el reloj de la justicia, por fin, avanzando a un ritmo distinto.