El Agua del Privilegio: El Caso que Justificó la Nueva Ley
La conferencia mañanera en Palacio Nacional avanzaba con la metódica revisión de la agenda diaria, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hizo una pausa y retrocedió en el tiempo. No fue para evocar un logro histórico, sino para desenterrar un caso emblemático de lo que ella define como la corrupción estructural en el manejo del agua en México. Su mirada se posó en el sexenio de Vicente Fox, y en un nombre: Alex LeBarón, quien fuera titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en aquella administración panista.
“Imagínense una persona que llega a ser delegado de Conagua y que se otorga a sí mismo y a su familia concesiones”, dijo Sheinbaum, su tono cargado de una reprobación que trascendía lo administrativo para convertirse en un juicio ético. “Totalmente irregular, ilegal, vinculado con privilegios y por lo menos vinculado a interés del gobierno”. La acusación, lanzada sin necesidad de mencionar el apellido, pintó un cuadro de impunidad y conflicto de interés flagrante: el mismo funcionario encargado de ser el guardián y administrador equitativo del recurso más preciado, utilizó su cargo para derivarlo hacia sus propios intereses y los de su círculo familiar.
La presidenta no se detuvo en la anécdota del pasado. La usó como la piedra angular para explicar la necesidad y urgencia de una reforma que acababa de ser aprobada: la nueva Ley General de Aguas. Según su narrativa, el caso LeBarón no era una anomalía aislada, sino el síntoma de un sistema enfermo, de un modelo de gestión hídrica donde la corrupción y el acaparamiento por parte de pequeños grupos de poder habían sido la norma por décadas. “Esa es precisamente la razón por la que se aprobó la nueva ley de aguas”, afirmó, conectando directamente los vicios del pasado con la legislación del presente.
El relato adquirió una dimensión más dramática cuando Sheinbaum puso geografía y contexto social a los privilegios otorgados. Las concesiones en cuestión, detalló, se ubicaron en el estado de Chihuahua, una entidad donde la sequía no es una amenaza abstracta, sino una realidad cotidiana que golpea a comunidades, agricultores de pequeña escala y ciudades enteras. “Se dieron en zonas de Chihuahua donde mucha gente tiene necesidad del vital líquido”, subrayó. Esta precisión fue crucial: no se trataba de permisos otorgados en regiones de abundancia, sino en áreas de estrés hídrico, donde el agua concedida a un funcionario y su familia era, por definición, agua que le era negada a la población local.
La crónica que tejió Sheinbaum en esa mañana fue, por tanto, una de contrastes brutales. Por un lado, la figura del funcionario-favorito, operando desde la opacidad de su escritorio en Conagua para firmar documentos que le beneficiaban a él y a los suyos. Por el otro, la imagen de las comunidades chihuahuenses enfrentando la escasez, sin saber que parte de su derecho al agua había sido legalmente desviado hacia los predios de quien debía garantizarlo. Era la historia del poder usando la ley para santificar el despojo.
Al evocar este caso, la mandataria cumplió con varios objetivos. En primer lugar, ofreció una justificación concreta y potente para la nueva legislación, presentándola no como un capricho ideológico, sino como una respuesta directa a abusos documentados. En segundo lugar, estableció un contraste político claro entre su gobierno y los del pasado, particularmente el de Fox, asociándolos a un modelo de “privilegios” que ella promete erradicar. Finalmente, envió un mensaje de que ciertas prácticas, antes toleradas en la opacidad, ahora serían exhibidas y servirían de lección para el futuro. El agua, concluyó implícitamente, ya no sería un botín, sino un derecho que la nueva ley se encargaría de blindar contra la corrupción.