Un Giro Procesal: La Audiencia que se Desvaneció para la Directora de Mexicanos Contra la Corrupción
La mañana prometía ser un punto de inflexión en uno de los casos de presunta corrupción que más han captado la atención pública en los últimos años. María Amparo Casar, directora de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), estaba citada para comparecer ante un juez de control y escuchar formalmente la imputación en su contra: el delito de uso ilícito de atribuciones por la obtención de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex) valorada, hasta 2024, en 31 millones de pesos. Sin embargo, en un giro procedural inesperado, la audiencia nunca comenzó. La jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, decidió cancelarla, arguyendo una cuestión de competencia territorial.
El caso, impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), se centra en hechos que se remontan a 2004, cuando Casar, quien fuera asesora del entonces presidente Vicente Fox, era servidora pública. Ese año, su esposo, quien había laborado únicamente 129 días en la paraestatal, falleció tras una caída desde el piso 12 del edificio central de Pemex. Aunque los peritajes indicaron que se trató de un suicidio, este hecho crucial no quedó asentado en los documentos que dieron origen a la pensión. De haberlo estado, la pensión vitalicia —derecho normalmente reservado a cónyuges de trabajadores fallecidos en activo tras años de servicio— hubiera sido inválida.
La velocidad con la que se procesó el beneficio también levantó sospechas. El 19 de octubre de 2004, apenas once días después del deceso ocurrido el 8 de octubre, ya se había acreditado el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios, con efectos retroactivos al 9 de octubre. Un trámite que, según la práctica regular, puede tardar meses en completarse. A partir de entonces, Casar comenzó a recibir 125,000 pesos mensuales, además del pago de las colegiaturas de sus hijos en universidades costosas hasta el nivel de maestría, acumulando la multimillonaria suma durante dos décadas.
Frente a estas acusaciones, la defensa de Casar se preparaba para un debate jurídico sustancial. Pero la jueza Medina Hernández no entró en los méritos del caso. Su decisión fue de forma, no de fondo. Determinó que, dado que la FGR había solicitado previamente autorizaciones para actos de investigación en el Reclusorio Norte, el caso debía ser radicado ante un juzgador de ese centro penitenciario. En un movimiento que pospone pero no absuelve, la magistrada devolvió el expediente a la Fiscalía, ordenándole que solicite una nueva audiencia ante la instancia competente. Así, la expectativa de un primer round judicial se disipó, dejando el caso en un limbo procedimental mientras se reasigna.
La crónica de este día, por lo tanto, no es la de una imputación, sino la de un aplazamiento. Deja en suspenso la confrontación entre una figura emblemática de la lucha anticorrupción, ahora en el banquillo de los acusados, y una Fiscalía que busca hacerla responsable de lo que califica como un desvío millonario de recursos públicos. La próxima fecha, aún por definir, será el nuevo capítulo de una historia que mezcla tragedia personal, presuntas irregularidades administrativas y una compleja batalla legal que apenas comienza.