La Defensa de la Fábrica Nacional: Cómo un Paquete Arancelario Busca Salvar 350,000 Empleos
En el salón de la Mañanera del Pueblo, frente a los reflectores que escrutan cada política económica, el secretario Marcelo Ebrard desplegó un mapa de defensa industrial. La fecha era el 15 de diciembre, y el tema, una de las decisiones comerciales más significativas del año: el Paquete Arancelario aprobado por el Congreso el 10 de diciembre. Con datos precisos y un tono firme, Ebrard reveló la cifra que justificaba toda la maniobra: 350,000 empleos. Esos son los puestos de trabajo, principalmente en los sectores textil, del vestido, calzado y acero, que el gobierno asegura proteger de una marea de importaciones a precios desleales.
La crónica de esta medida no comenzó en el salón de prensa, sino en las fábricas y talleres de estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla y Querétaro. Según el relato oficial, fueron estos sectores los que, insistentemente, alertaron sobre las “afectaciones que sufren por el incremento en las importaciones con precios por debajo de los precios de referencia internacional”. El paquete, explicó Ebrard, es la respuesta técnica a un problema concreto, no un arma geopolítica. “México no establece aranceles a un país”, aclaró de manera enfática. “El objetivo no es cobrar más respecto a un país que fabrica cierto producto […] Nuestra organización está por producto. Nosotros no tenemos un diseño geopolítico”.
El proceso, detalló el secretario de Economía, fue meticuloso. Se seleccionaron 1,463 fracciones arancelarias –tanto de bienes finales como de insumos– bajo un criterio clave: que no generaran presiones inflacionarias para la canasta básica de los mexicanos. Esta propuesta original viajó a la Cámara de Diputados y desencadenó un intenso diálogo con cámaras empresariales nacionales y con los gobiernos de los países cuyos productos se verían afectados. El resultado de esas negociaciones fue revelador: se mantuvieron las 1,463 fracciones, un indicio de la firmeza con la que se sostuvo la postura de defensa industrial.
Detrás del secretario, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el mensaje, enmarcándolo en una visión más amplia. “El objetivo es el desarrollo con justicia en el país”, afirmó, conectando los aranceles con otros instrumentos para generar empleo y crecimiento. Reconoció un efecto colateral significativo: se estima una recaudación anual de 30,000 millones de pesos. Sin embargo, rápidamente pivotó para subrayar el espíritu del paquete: “No queremos enemistad con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales o industriales en nuestro país, desde pequeños hasta grandes, para fortalecer el empleo”.
La crónica que surgió de esa mañanera es la de un gobierno que se presenta como un escudo para su industria básica. No es una guerra comercial, insistieron, sino una cirugía precisa para corregir distorsiones del mercado y proteger el tejido social de diez estados clave. Es la historia de una medida que, más allá de los números y las fracciones arancelarias, tiene nombres y apellidos: los de 350 mil personas cuyos empleos, según el discurso oficial, ahora tienen un muro de contención contra lo que consideran competencia desleal.