México actúa con transparencia tras la cancelación de visa estadounidense a un exdirector aduanero.
En medio de un clima de exigencia ciudadana por transparencia y combate a la corrupción, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó este miércoles la remoción de Alex Tonatiuh Márquez Hernández como director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM). La decisión, tomada por el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, se produce poco después de que el gobierno de Estados Unidos cancelara la visa de Márquez, un hecho que ha generado especulaciones sobre posibles vínculos con irregularidades en su gestión.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue clara: no se tolerará ninguna protección a servidores públicos involucrados en actos ilícitos. “No somos tapadera de nadie. Nosotros actuamos con honestidad y con responsabilidad”, afirmó con firmeza. Aunque evitó entrar en detalles sobre las razones específicas de la destitución, la mandataria descartó de inmediato que estuviera relacionada con la investigación que Márquez encabezaba sobre el llamado “huachicol fiscal” —el desvío ilegal de recursos públicos mediante esquemas aduaneros fraudulentos—.
“No, es una decisión que tomó el director de Aduanas… y si hay algún señalamiento de que cualquier servidor público estuvo involucrado o tiene algo que ver con algún tema de irregularidades o incluso algún ilícito, es investigado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”, explicó la presidenta.
Sheinbaum detalló el doble mecanismo de revisión que opera en su administración: por un lado, la vía administrativa, a cargo de la Secretaría Anticorrupción, que puede imponer sanciones directas o, en casos más graves, derivar los expedientes a la Fiscalía General de la República (FGR). “Si en su revisión encuentra algún problema que tenga que ver con el ámbito penal, lo denunciará directamente la FGR y ellos tienen que investigarlo”, precisó.
Además, recordó que la Secretaría Anticorrupción puede remitir casos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para imponer sanciones más severas, como inhabilitaciones o multas millonarias. Este sistema, subrayó, refleja el compromiso del gobierno con la rendición de cuentas, incluso en las estructuras más sensibles del Estado.
El contexto internacional añade tensión al caso. A principios de mes, trascendió que Estados Unidos había cancelado la visa de Márquez, una medida diplomática reservada generalmente para funcionarios vinculados a corrupción, violaciones graves de derechos humanos o actividades ilícitas transnacionales. Aunque Washington no ha revelado los motivos oficiales, la coincidencia temporal con su remoción ha encendido las alarmas en el sector aduanero, históricamente vulnerable a redes de complicidad y tráfico ilícito.
Sheinbaum no hizo mención directa a la cancelación de la visa, pero su mensaje fue inequívoco: en su gobierno, las señales externas —como las decisiones de socios estratégicos— no se ignoran, y menos cuando afectan la credibilidad institucional. “Donde hay señalamientos, hay dos formas de revisión”, reiteró, como un recordatorio de que en la Cuarta Transformación, la corrupción no tiene refugio.