Fisco vs. Grupo Salinas: la batalla fiscal que divide cifras y narrativas
El pulso entre el gobierno federal y uno de los empresarios más influyentes del país ha entrado en una nueva fase. Durante la conferencia matutina del viernes 19 de diciembre, el gobierno anunció que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará en enero de 2026 a las empresas del Grupo Salinas el pago de 51 mil millones de pesos, derivados de resoluciones definitivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que la acción es puramente legal, no política, y que se lleva a cabo tras agotar todas las instancias judiciales. “Estamos actuando con pleno apego a la ley”, afirmó, mientras presentaba al titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y a autoridades anticorrupción para dar transparencia al proceso.
Dagnino precisó que los adeudos corresponden al Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2008 a 2013, y que, tras más de una década de litigios, la Corte ha cerrado definitivamente las vías de impugnación. El cobro, indicó, se realizará conforme al Código Fiscal de la Federación, con posibilidad de descuentos por pronto pago si hay voluntad de cumplimiento.
Pero la respuesta no se hizo esperar. En cuestión de horas, Ricardo Salinas Pliego publicó un mensaje en X en el que, lejos de negar el adeudo, ofreció una versión alternativa: según él, el monto real es de 31 mil millones de pesos, no 51 mil millones. “Es prudente y responsable esperar la notificación formal del SAT para conocer el desglose”, escribió, llamando a la transparencia y al rigor técnico.
El empresario aseguró que su objetivo es “cerrar este capítulo” y “dar por concluidas las diferencias con el gobierno”, insistiendo en que su grupo nunca buscó el conflicto, sino “certidumbre jurídica y un marco de legalidad claro”. Además, destacó que, durante el periodo en disputa, Grupo Salinas ha pagado “más de 285 mil millones de pesos” al fisco, una cifra que busca reforzar su imagen como contribuyente responsable.
Sin embargo, reconoció que las discrepancias giran en torno a la improcedencia de pérdidas fiscales declaradas entre 2008 y 2013, así como a los recargos y actualizaciones acumulados durante el largo litigio. Para Salinas Pliego, estos elementos han inflado artificialmente la deuda.
El caso trasciende lo contable. Representa el choque entre dos visiones: una que ve en el cobro una señal de justicia fiscal y fin de privilegios, y otra que lo percibe como un riesgo de arbitrariedad en la interpretación tributaria.
Mientras el país espera la notificación formal de enero, una pregunta permanece en el aire: ¿estamos ante el cierre de una de las batallas fiscales más largas de la historia reciente de México… o apenas el comienzo de una nueva fase?