El abogado que logró la liberación de Julian Assange ahora enfrenta uno de los casos más polémicos del siglo: la defensa de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo tras ser trasladado ilegalmente a Nueva York
En una sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde suelen desfilar capos del narcotráfico y espías condenados, se está fraguando uno de los juicios más inusuales de la era moderna. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido tras una operación militar unilateral de EE.UU. el 3 de enero, ya tiene quien lo defienda: Barry J. Pollack, el mismo abogado que liberó a Julian Assange tras una batalla legal de más de una década.
La elección no es casual. Pollack, con 35 años de experiencia en casos federales de alto impacto, se ha especializado en defensas que entrelazan seguridad nacional, espionaje y soberanía estatal. Su victoria en el caso Assange —donde logró que su cliente se declarara culpable solo de un cargo menor de espionaje para evitar la extradición a EE.UU.— lo convirtió en un referente global para figuras perseguidas por gobiernos poderosos.
Ahora, enfrenta un reto aún más complejo: defender a un jefe de Estado capturado en su propio país y trasladado sin extradición. El lunes 5 de enero, Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecieron por primera vez ante el juez Alvin Hellerstein, acusados de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Durante la audiencia, Maduro se declaró “prisionero de guerra” y afirmó seguir siendo presidente legítimo de Venezuela.
Pollack ya adelantó su línea de defensa: calificar la detención como un “secuestro militar” y cuestionar la competencia del tribunal estadounidense para juzgar a un mandatario extranjero sin respaldo del derecho internacional. Aunque no solicitó fianza de inmediato, ha dejado la puerta abierta para hacerlo en futuras audiencias.
Mientras tanto, Cilia Flores contará con una defensa separada. Su abogado, Mark E. Donnelly, experto en delitos fiscales y penales complejos, presentó una petición urgente: asistencia médica para su clienta, quien presuntamente sufrió costillas fracturadas durante su captura. Esta solicitud no solo busca garantizar su salud, sino también documentar posibles abusos durante la operación militar.
El caso de Maduro pone a prueba los límites del sistema judicial estadounidense. ¿Puede un tribunal procesar a un presidente extranjero por cargos criminales tras una intervención armada unilateral? Para Pollack, la respuesta está clara: no sin violar los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de la ONU.
Pero más allá de lo legal, el juicio tendrá una dimensión política gigantesca. Si Pollack logra que se reconozca la ilegalidad del traslado, podría sentar un precedente que proteja a otros líderes del mundo frente a operativos similares. Si fracasa, se normalizará la idea de que EE.UU. puede capturar y enjuiciar a cualquier mandatario que desafíe sus intereses.
Mientras Assange recuperó su libertad gracias a la tenacidad de Pollack, Maduro apuesta su futuro —y el de su nación— en las mismas manos. Y en Nueva York, donde el poder suele imponerse sobre el derecho, la defensa de un presidente ya no es solo un caso penal: es una batalla por la soberanía de los pueblos.