En una audiencia histórica en Nueva York, el presidente venezolano Nicolás Maduro niega los cargos de narcoterrorismo, se declara “prisionero de guerra” y afirma que sigue siendo el legítimo mandatario de su país, mientras su defensa denuncia un “secuestro militar” y lesiones graves en su esposa
La sala 15B del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, habitualmente testigo de casos de narcotráfico y crimen financiero, vivió este lunes uno de los momentos más inusuales en su historia: Nicolás Maduro, presidente constitucional de Venezuela, compareció ante el juez Alvin Hellerstein para declararse “inocente” ante cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas destructivas.
Vestido con una camiseta negra, sin esposas y con auriculares para la traducción simultánea, Maduro, visiblemente tenso pero firme, tomó la palabra con la ayuda de un intérprete: “Soy inocente, no culpable, soy un hombre decente, sigo siendo presidente de mi país”. Luego, en una afirmación que resonó como un grito de soberanía, añadió: “Me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas”.
Su esposa, Cilia Flores, primera dama de Venezuela, también se declaró “completamente inocente” ante los mismos cargos. Ambos aceptaron recibir la visita del consulado venezolano, aunque hasta el momento ningún representante diplomático ha podido verlos, según fuentes cercanas al caso.
La defensa no tardó en reaccionar. Barry Pollack, abogado de Maduro —conocido por defender a Julian Assange—, calificó la detención como un “secuestro militar” y adelantó que, aunque por ahora no solicitará fianza, podría hacerlo en el futuro. Por su parte, Mark Donnelly, representante de Flores, reveló que su clienta sufrió “lesiones importantes” durante el operativo en Caracas, incluyendo hematomas graves en las costillas, y exigió evaluaciones médicas urgentes.
Las acusaciones contra la pareja presidencial son graves: se les imputa liderar el llamado “Cártel de los Soles”, una red que, según EE.UU., utilizaba estructuras del Estado venezolano para traficar cocaína a territorio estadounidense y proveer armas a organizaciones consideradas terroristas, incluidos cárteles mexicanos. Las penas oscilan entre 20 años y cadena perpetua.
Pero más allá de lo legal, lo político domina el escenario. La audiencia, que duró apenas media hora, terminó con una nueva fecha: 17 de marzo de 2026, cuando Maduro deberá presentarse nuevamente ante el tribunal. Hasta entonces, permanecerá bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en lo que su gobierno en Caracas —y aliados como Rusia, China y México— consideran una violación flagrante del derecho internacional.
Mientras Washington insiste en que se trata de un caso penal ordinario, el mundo observa con escepticismo. ¿Puede un presidente en funciones ser juzgado como un capo del narcotráfico tras ser sacado de su país por fuerzas extranjeras? Para la administración de Trump, la respuesta es sí. Para gran parte del sur global, es un peligroso precedente.
En medio de este tenso duelo entre ley y poder, Maduro repite su mantra: “Sigo siendo presidente”. Y en esa frase no hay solo defensa legal, sino una reafirmación de dignidad nacional frente a lo que muchos ya llaman el juicio político más grande del siglo XXI.