El hospital que cuesta más que diez: cómo un contrato de la era Peña Nieto sigue sangrando las finanzas públicas
En una oficina del ISSSTE, rodeado de informes financieros y expedientes contractuales, Martí Batres no oculta su frustración. El director general del instituto denuncia una situación que, a su juicio, representa uno de los últimos vestigios de los acuerdos opacos del neoliberalismo: la negativa de la empresa española Sacyr a vender el Hospital General del Sur, ubicado en Tláhuac, Ciudad de México, pese a que el contrato lo permite.
El nosocomio opera bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) firmado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. A diferencia de otros tres hospitales —en Tepic, Villahermosa y Mérida— cuyas empresas aceptaron la compra anticipada en 2024, Sacyr se resiste. “Hay mucha resistencia de una empresa española que lo administra… hemos hablado y hablado y hablado para lograr la nacionalización, la compra”, reconoció Batres, aclarando que con “nacionalización” no se refiere a expropiación, sino al ejercicio de una cláusula contractual explícita que permite al Estado adquirir la infraestructura antes del plazo pactado de 23 años.
Y es que el costo de mantener el contrato es abismal. Actualmente, el erario desembolsa 137 millones de pesos mensuales por este único hospital. Si el acuerdo se cumple hasta su término, el gasto total superará los 37 mil millones de pesos. “Con esa cifra podemos construir 10 hospitales regionales”, subrayó Batres con indignación.
La lógica detrás de la compra anticipada es simple: resulta mucho más barato pagar el valor real de la obra que seguir cubriendo pagos inflados durante dos décadas. “No es lo mismo pagar a lo largo de 23 años que hacer el pago de una obra de construcción, porque viene costando casi 10 veces más”, explicó el funcionario.
Los beneficios de recuperar estos hospitales ya se ven en otros estados. En Mérida, tras la compra, el promedio de cirugías por quirófano pasó de 1.4 a 4.8 procedimientos diarios, un salto cualitativo en eficiencia y acceso. Además, la administración pública ha permitido integrar mejor los servicios al sistema nacional de salud, eliminando intermediarios y priorizando la atención sobre la rentabilidad.
Batres también recordó que Sacyr fue una de las empresas más favorecidas durante los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, no solo con hospitales, sino con megaproyectos carreteros y de infraestructura. “Eran sus consentidos”, dijo, insinuando que los contratos respondían más a intereses políticos que a necesidades sanitarias.
Hoy, los recursos para comprar el hospital de Tláhuac ya están aprobados por la Junta Directiva del ISSSTE. Solo falta la voluntad de Sacyr. Mientras tanto, cada mes se van 137 millones de pesos que podrían destinarse a nuevas clínicas, equipamiento o personal médico. “Esos recursos los podemos destinar a otras obras que necesita hacer el ISSSTE”, insistió Batres, en un llamado urgente a terminar con un modelo que, según él, privatiza ganancias y socializa pérdidas.