Entre acusaciones de persecución y deudas fiscales: el pulso entre un magnate y el Estado mexicano
En una sala de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., Ricardo Salinas Pliego presentó lo que su empresa llama un “llamado a la libertad”. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el empresario denunció al Estado mexicano por supuesta “persecución política”, tras una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo obliga a pagar 51 mil millones de pesos en adeudos fiscales acumulados entre 2013 y 2018.
Según el comunicado emitido por Grupo Salinas, la reunión con Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, sirvió para presentar “evidencias” contra el gobierno mexicano por lo que califican como “criminalización de la crítica, hostigamiento administrativo, captura del Poder Judicial y uso político del aparato fiscal”. En redes sociales, Salinas Pliego fue aún más contundente: “Se trata de sentar un precedente peligrosísimo: el uso del Estado y el crimen organizado como arma para castigar a los opositores políticos”.
Sin embargo, el contexto revela una historia distinta. Durante años, las empresas de Salinas Pliego han sido señaladas por irregularidades fiscales, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Dagnino, ha documentado resoluciones administrativas firmes que respaldan la deuda millonaria. La SCJN, máximo órgano judicial del país, ya validó dichas determinaciones, descartando cualquier sesgo político.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en múltiples ocasiones que el cobro de impuestos no es un asunto ideológico, sino legal. “No se trata de perseguir a nadie; se trata de que todos paguen lo que les corresponde”, ha dicho en sus conferencias mañaneras. El gobierno insiste en que el caso forma parte de una política de justicia fiscal equitativa, en la que ni los más poderosos están por encima de la ley.
La ironía no pasa desapercibida: mientras Salinas Pliego clama por libertad de expresión ante organismos internacionales, su canal de televisión, TV Azteca, ha sido acusado sistemáticamente —incluso por la propia Sheinbaum— de difundir desinformación, ofensas y campañas mediáticas contra el gobierno y la Cuarta Transformación. En días recientes, incluso se le vinculó con intentos de chantajear al gobierno de Puebla.
Ahora, su estrategia parece ser internacionalizar el conflicto, apelando a narrativas de “autoritarismo” que contrastan con la realidad de un sistema judicial que, en este caso, actuó con independencia. Para muchos analistas, la denuncia ante la CIDH busca generar presión externa y victimizarse ante una audiencia global, mientras evita reconocer responsabilidades fiscales nacionales.
Pero el mensaje del gobierno es claro: en México, la ley aplica a todos. Y los 51 mil millones de pesos no son una persecución, sino una cuenta pendiente con el pueblo mexicano.