Cuando los medios se convierten en actores políticos: la denuncia presidencial que sacude a la televisora de Salinas Pliego
En medio del habitual flujo informativo de la conferencia mañanera, un nombre resonó con fuerza: TV Azteca. La presidenta Claudia Sheinbaum, con tono firme y sin rodeos, reveló una acusación grave: la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego habría intentado chantajear al gobierno del estado de Puebla, exigiendo recursos económicos a cambio de no lanzar una campaña mediática en su contra.
La denuncia surgió tras una pregunta de la prensa sobre supuestos vínculos entre el gobierno estatal y presiones mediáticas. Sheinbaum no dudó en señalar directamente a la empresa: “Se explican por sí solos hay medios que hacen eso: ‘si no nos apoyas te vamos a estar golpeando’, pues mejor que golpeen”, afirmó con contundencia, subrayando que este tipo de tácticas ya no tienen el mismo efecto que antes.
La mandataria destacó que, gracias a la existencia de medios alternativos y a la propia conferencia matutina —convertida en un canal directo entre el gobierno y la ciudadanía—, estas estrategias de presión han perdido eficacia. “Afortunadamente contamos con los medios alternativos y con la mañanera”, dijo, reforzando la narrativa de que el monopolio informativo ya no es absoluto.
Pero más allá de la defensa gubernamental, Sheinbaum utilizó el momento para invertir el discurso dominante en ciertos sectores: mientras la oposición y algunos medios corporativos acusan al gobierno de censurar y amenazar a periodistas, la realidad, según la presidenta, es otra. “Según la derecha, es el gobierno quien amenaza y censura a comunicadores, pero en realidad son algunos medios los que intentan chantajear”, expuso.
Y fue aún más lejos: cuestionó los verdaderos motivos detrás de esas prácticas. “No hay que caer en eso, porque son sus intereses, ni siquiera es el interés por el derecho a la información y el derecho de las audiencias”, concluyó, insinuando que detrás de ciertas coberturas no hay periodismo, sino negocios y agendas políticas.
El caso, aunque no incluye pruebas públicas en esta primera declaración, abre un debate urgente sobre el rol de los grandes medios en la democracia mexicana. ¿Hasta qué punto ejercen presión económica y política disfrazada de crítica periodística? La respuesta, por ahora, queda en el aire, pero la denuncia presidencial ha encendido una nueva polémica en torno al poder de las televisoras y su relación con el Estado.
Lo que sí es claro es que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene intención de rendirse ante lo que considera “guerra sucia mediática”. Y en esta nueva batalla, la transparencia —o al menos su versión oficial— se ha convertido en su principal arma.