Tras más de una década de litigios, el caso fiscal contra Ricardo Salinas Pliego llega a su punto crítico: si no paga antes del viernes 23 de enero, perderá un beneficio legal de hasta 39% en su deuda tributaria.
Ciudad de México, 20 de enero de 2026 — El reloj marca las últimas horas para uno de los casos fiscales más emblemáticos de la última década en México. Esta semana vence el plazo para que Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, liquide una deuda de 51,000 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si no lo hace antes del viernes 23 de enero, perderá el derecho a un ajuste legal de hasta el 39%, un beneficio previsto por la ley para quienes demuestran “intención de pago” y cumplen con ciertos esquemas de regularización.
Durante la Mañanera del Pueblo, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, recordó que los requerimientos de cobro fueron enviados el viernes 9 de enero y notificados formalmente el jueves 15. “A partir del viernes ya surte efectos, y el Código Fiscal de la Federación establece que se tienen cinco días hábiles —es decir, esta semana— para responder”, explicó. La cuenta regresiva está en marcha, y el gobierno federal observa con atención.
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: “Esperamos que pague”. Pero también abrió una puerta: si Grupo Salinas manifiesta una intención real de saldar su adeudo, podrá solicitar un ajuste conforme a sentencias judiciales previas, que podría reducir significativamente el monto final. “Dependiendo del orden y el esquema de pago, el ajuste podría ser de hasta 39%”, detalló, subrayando que este beneficio caduca si no actúan antes del cierre del viernes.
El caso no surgió de la nada. Se trata del desenlace de un proceso administrativo y judicial que se remonta a 2013, cuando el SAT emitió resoluciones por adeudos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 a 2013. Durante años, Grupo Salinas impugnó esas determinaciones, llevando el caso por todas las instancias del sistema jurídico mexicano.
Primero, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), entre 2019 y 2023, confirmó las resoluciones del SAT. Luego, los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación (TCC), en 2024 y 2025, ratificaron esas sentencias. Finalmente, en 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los últimos recursos legales, cerrando así cualquier vía de defensa. El fallo fue contundente: el SAT actuó conforme a derecho, y la deuda es legal y exigible.
Ahora, el asunto ya no es jurídico, sino de voluntad de pago. Y el contexto político es delicado. En los últimos meses, figuras de Morena han acusado a medios vinculados a Salinas —como La Derecha Diario— de difundir desinformación y operar con financiamiento extranjero para desestabilizar al gobierno. Aunque este caso fiscal es independiente de esas denuncias, la presión pública ha crecido.
Para muchos analistas, el cumplimiento de esta obligación sería un mensaje de equidad: ni los grandes empresarios están por encima de la ley. Para otros, representa una prueba de la eficacia del Estado fiscal en un país donde la evasión ha sido históricamente tolerada entre las élites.
Mientras tanto, en las oficinas de Grupo Salinas, el silencio es total. Ni el empresario ni su equipo han emitido comunicado alguno. Pero el reloj sigue corriendo. Y si el viernes 23 termina sin un pago o una solicitud formal de regularización, el SAT podría iniciar medidas ejecutivas: embargos, bloqueos de cuentas, e incluso la enajenación de bienes.
En un México que busca justicia fiscal y transparencia, este caso trasciende a un solo empresario. Es una prueba de que la ley aplica a todos por igual. Y el plazo, como dijo Sheinbaum, se cumple esta semana.