Tras la Polémica, Sheinbaum Sale al Paso con Datos de Hacienda: La Compra Directa de 9 Unidades para los Ministros Representa un Recorte Histórico al Gasto, pero la Sombra de la Opacidad Persiste.
La noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) renovaba su flotilla de camionetas de lujo para sus ministros encendió esta semana los reflectores de la opinión pública. ¿Era un gasto suntuoso en un país con necesidades urgentes? La presidenta Claudia Sheinbaum, en su conferencia matutina de este viernes 23 de enero de 2026, tomó el micrófono no para condenar, sino para aportar una cifra sorprendente: la operación, lejos de ser un dispendio, generó un ahorro superior a los mil millones de pesos.
“Pregunté el día de ayer cuando vi la nota”, explicó Sheinbaum, describiendo la reacción inmediata del Ejecutivo ante el escándalo mediático. La Secretaría de Gobernación, por instrucción suya, consultó al órgano administrativo de la Corte. La respuesta, según la mandataria, fue clara y contundente: “Redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra, y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso”. Con esa declaración, Sheinbaum intentó dar un giro a la narrativa, transformando una compra cuestionable en una medida de austeridad inteligente.
Pero la historia tenía una capa previa. Un día antes, el 22 de enero, la SCJN había salido a justificar la adquisición de las nueve unidades nuevas. En una tarjeta informativa oficial, el máximo tribunal argumentó que la decisión respondía a tres razones principales: garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección personal para los ministros, sustituir vehículos que ya no cumplían con estándares técnicos de operación, y cumplir con la normatividad interna vigente desde 2019, que establece la renovación cada cuatro años o antes si las condiciones de seguridad lo requieren.
La Corte insistió en que la determinación se basó en opiniones técnicas de autoridades federales y no en criterios discrecionales, y subrayó que el proceso no generó un gasto mayor, pues se adquirieron menos vehículos de los que se desincorporaron del parque vehicular. Sin embargo, fue la intervención de Sheinbaum la que puso sobre la mesa el dato financiero más potente: el cambio de un modelo de renta perpetua a uno de compra directa.
Aun así, la presidenta trazó una línea clara de responsabilidad. “Obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición”, afirmó, dejando en manos del Poder Judicial la tarea de explicar públicamente, con lujo de detalle, los argumentos de seguridad que justifican modelos específicos y el costo unitario. Su papel, dijo, se limitó a “transparentar la información solicitada” que les fue proporcionada “amablemente”.
Así, el caso de las camionetas de la Corte quedó en un punto intermedio: por un lado, un ahorro millonario que la narrativa oficial celebra; por el otro, una demanda de rendición de cuentas específica que Sheinbaum delegó elegantemente al propio tribunal. La pregunta que queda flotando es si el ahorro de mil millones basta para calmar la desconfianza ciudadana hacia el gasto de las altas esferas del poder, o si la explicación sobre la “seguridad” de los ministros necesitará ser tan robusta como los blindajes de sus nuevos vehículos.