De la caja negra a la detención: La crónica de una tragedia ferroviaria anunciada por el velocímetro
El silbato del tren se apagó, sustituido por el estruendo metálico del acero desgajándose. Tras el caos del descarrilamiento, comenzó el minucioso trabajo de los peritos. Hoy, la Fiscalía General de la República (FGR), con la Fiscal Ernestina Godoy al frente, presentó las primeras piezas de un rompecabezas que apunta, de forma contundente, a una causa humana: el exceso de velocidad. La investigación, nacida de la tragedia, ha llevado a la detención de Felipe “N”, el maquinista del convoy, quien enfrentará cargos por homicidio y lesiones culposas. La crónica de lo ocurrido se escribió, literalmente, en los datos de la caja negra.
Los números, fríos e implacables, no dejaron lugar a dudas. Según la normativa, los límites son claros: 45 kilómetros por hora para trenes de carga y 50 km/h para trenes de pasajeros. Sin embargo, la narrativa del registro digital pintó un escenario muy distinto. En la curva fatídica donde el tren perdió el rumbo, el velocímetro marcaba 65 km/h, 15 por encima de lo permitido. Pero el exceso no fue un hecho aislado. En tramos rectos, la máquina había llegado a alcanzar los 111 km/h, desafiando con 41 km/h adicionales el límite máximo autorizado de 70. “Lo que implica que transitaba 41 km/h por encima de lo autorizado”, detalló con precisión forense la fiscal Godoy Ramos.
Ante estos datos, la Fiscalía descartó de manera preliminar una salida fácil: la falla mecánica. El sistema de frenos, sometido a escrutinio, había funcionado. Los registros mostraban que, en estaciones y tramos previos al siniestro, el tren había sido capaz de reducir su velocidad e incluso detenerse por completo. “Hubo puntos donde el tren redujo la velocidad a cero kilómetros por hora, lo que descarta una falla mecánica en ese componente”, explicó la fiscal, cerrando esa puerta en la investigación. La responsabilidad, según la evidencia inicial, no residía en la máquina, sino en su operación.
La información presentada se basa en una tarjeta informativa que recoge dictámenes periciales preliminares y trabajos de campo. No es el final del camino. Godoy subrayó que la investigación continúa abierta, analizando otros factores como la topografía, el estado de la vía y el material rodante. Pero con los elementos actuales, la conclusión es clara: no se siguieron las reglas. “Es posible establecer que la normatividad obliga a quienes operan el tren a cumplir ciertas reglas, lo cual no ocurrió”, sentenció. Por ello, se ejercerá acción penal. Mientras el proceso judicial avanza, con líneas de investigación aún bajo reserva, las autoridades mantienen una mesa permanente para atender y reparar el daño a las víctimas, el capítulo más doloroso de esta crónica.