Baja California: Homicidios caen 42% y arrancan megaproyectos de agua y transporte

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Tijuana, Baja California, México, 30 de enero de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en conferencia de prensa matutina, “Conferencia del Pueblo” desde Tijuana, Baja California. La acompañan Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora Constitucional del Estado de Baja California; Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional (GN); Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina (Semar); Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; María Elena Andrade, Fiscal General del Estado de Baja California; Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Laureano Carrillo Rodriguez, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California; Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Bulmaro Juárez Pérez, divulgador de lenguas originarias, presentador de la sección “Suave Patria”. Foto: Gabriel Monroy / Presidencia

La transformación de Baja California: De la caída histórica de homicidios a las megaobras que prometen redefinir el estado

El escenario fue la mañanera del 30 de enero, pero la historia que se contó fue la de un estado en plena metamorfosis. Desde Baja California, los titulares de Seguridad, Comunicaciones y Agua desplegaron ante la Presidenta Claudia Sheinbaum un balance que combinaba seguridad e infraestructura. La crónica del 2025 en la entidad se abrió con un dato contundente: una disminución del 42% en homicidios dolosos al comparar diciembre del 2025 con septiembre de 2024. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, no solo presentó ese porcentaje, sino que lo enmarcó en un logro mayor: 2025 fue el año con el promedio diario más bajo de víctimas de homicidio doloso desde 2018, con una reducción del 28% anual. La narrativa de la violencia, según el gobierno, estaba cambiando su pendiente.

Detrás de estas cifras hay una operación tangible. García Harfuch detalló los frutos de la Estrategia Nacional de Seguridad: 5,509 personas detenidas por delitos de alto impacto, 1,253 armas aseguradas, más de 30 toneladas de droga incautadas –incluyendo 242 kg de fentanilo puro y 621,000 pastillas– y tres laboratorios de metanfetamina desmantelados. El combate a la extorsión, otro flagelo, también mostró resultados: 70 detenidos, 11 de ellos objetivos prioritarios, 20 bandas desarticuladas y una reducción del 50% en la incidencia de este delito. Los números pintaban el retrato de una ofensiva frontal que, según la versión oficial, comenzaba a dar frutos en las calles.

Pero la crónica de la transformación no era solo de seguridad. Jesús Esteva, titular de la SCT, tomó la palabra para trazar el futuro de la infraestructura en 2026. Habló de la reconstrucción de cuatro puentes dañados por huracanes (con 316 millones de pesos invertidos), la construcción del tramo Jatay – Libramiento de Ensenada (4,300 millones) y un viaducto elevado de 11 km. Anunció además el “Megabachetón 2026”, un plan masivo de repavimentación de más de 555 km, reforzamiento de señalamiento en 4,000 km y bacheo en 1,914 km. En el ámbito educativo, destacó la conclusión de la Universidad Rosario Castellanos, una obra de 433 millones de pesos con 60 aulas, laboratorios y gimnasio.

El capítulo final de esta crónica lo escribió el agua. Efraín Morales, titular de la Conagua, anunció proyectos que buscan resolver crisis históricas: la tecnificación del Distrito de Riego 014, Río Colorado, para ahorrar hasta el 30% de agua en 10,000 hectáreas (con 5,000 millones de inversión); el saneamiento del Río Tijuana; y la joya de la corona: la planta desaladora de Rosarito. Esta última, descrita como “la más grande y moderna de América Latina”, con una inversión superior a los 10,000 millones de pesos, promete incrementar la disponibilidad de agua para Tijuana y Rosarito en un 45%. La narrativa gubernamental cerró así: un estado que, tras reducir la violencia, se embarca en una reconstrucción material que pretende sentar las bases de un nuevo desarrollo.

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