Mientras el 75% de las armas que alimentan la violencia mexicana cruzan desde territorio estadounidense y el consumo de drogas se concentra al norte de la frontera, Sheinbaum traza una línea clara: combatir el narcotráfico es responsabilidad compartida, no una carga unilateral para México
El aire matutino del 4 de febrero cargó una verdad incómoda para Washington. Desde el estrado de la Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum desglosó con datos contundentes lo que durante décadas ha sido un secreto a voces en la política bilateral: el combate a la violencia generada por el tráfico de drogas requiere corresponsabilidad estadounidense. “Estados Unidos tiene que hacer su parte”, sentenció la mandataria, señalando dos realidades innegables: más del 75% de las armas utilizadas por grupos criminales provienen de distribuidoras estadounidenses, y el mayor consumo de drogas ilícitas —incluyendo el letal fentanilo— se concentra en territorio estadounidense.
Pero Sheinbaum no lanzó acusaciones sin acompañarlas de acciones concretas. Destacó las labores de su gobierno para disminuir el trasiego de estupefacientes hacia el norte, subrayando que esta cooperación responde también a “razones humanitarias”: “No queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos ni a los jóvenes de México”. Sin embargo, trazó con precisión quirúrgica las responsabilidades que corresponden al vecino poderoso: “Tienen que desplegar campañas para evitar el consumo, tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero, detener el tráfico de armas”. Tres exigencias claras que desnudan la hipocresía histórica de una política exterior estadounidense que criminaliza al productor mientras tolera al consumidor y al traficante de armas.
El diálogo bilateral, reconoció Sheinbaum, ha mostrado “un entendimiento bueno” hasta el momento. Reveló que Donald Trump le expresó personalmente su intención de “ayudar más” en el combate a la criminalidad mediante el envío de tropas estadounidenses a territorio mexicano. La respuesta de México fue contundente: “Le hemos dicho no, por una razón, México es un país libre independiente y soberano”. Esta negativa no representa un rechazo a la cooperación, sino una defensa firme de la soberanía nacional frente a propuestas que evocan intervenciones militares del pasado. “Han visto los resultados que hemos tenido de manera integral”, afirmó Sheinbaum, recordando que la estrategia actual prioriza la protección civil sobre el enfrentamiento militar directo —una lección aprendida tras los años 2006-2012, cuando la guerra frontal contra el narcotráfico generó una espiral de violencia que dejó más de 60,000 muertos.
El caso de Sinaloa ilustra con crudeza los desafíos actuales. Tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024 —un operativo realizado por autoridades estadounidenses cuyos detalles “nunca quedaron muy claros”—, el estado experimentó un repunte violento provocado por la pugna interna dentro del Cártel de Sinaloa. “Lo que desató esta violencia fue la división de un grupo delincuencial provocada por el arresto de uno de los jefes”, explicó Sheinbaum, señalando con tacto diplomático las consecuencias no intencionadas de operativos unilaterales. La respuesta mexicana no fue una ofensiva militar masiva, sino el despliegue estratégico de 1,190 efectivos militares para proteger a civiles y buscar a 10 mineros desaparecidos, mientras el secretario Omar García Harfuch supervisa personalmente la estrategia en terreno.
Mientras México refuerza su Estrategia Nacional de Seguridad con enfoque en reducir índices delictivos sin afectar a la población civil, el mensaje de Sheinbaum resuena como un ultimátum diplomático velado: la cooperación seguirá existiendo, pero bajo el principio del “respeto mutuo” entre naciones soberanas. “Vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa”, afirmó con determinación, mientras los números de homicidios se mantienen estables en los últimos meses —un logro en un contexto regional marcado por la inseguridad.
El reto ahora es transformar esta exigencia de corresponsabilidad en acciones concretas del lado estadounidense: campañas efectivas de prevención de consumo, persecución real de lavadores de dinero y, crucialmente, el cierre de la llave de armas que nutre la violencia mexicana. Hasta que Washington asuma que el problema no termina en la frontera sur, México seguirá pagando con sangre el precio del consumo ajeno. La postura de Sheinbaum no es confrontación; es la madurez diplomática de un país que ya no acepta ser el único responsable de una crisis que nace, se alimenta y se financia en gran medida al norte del Río Bravo.