Diego “N”, presidente de Tequila, Jalisco, es detenido junto con tres directores en una operación multinstitucional que desmantela una red de corrupción vinculada al cartel más peligroso de México.
La imagen apareció entre acordeones y tubas. En mayo de 2025, durante una presentación del grupo “Los Alegres del Barranco” en Tequila, Jalisco, las pantallas del evento municipal proyectaron inesperadamente el rostro de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Para el presidente municipal Diego “N”, aquel momento sería el primer hilo que comenzaría a desenredar su imperio de corrupción. Nueve meses después, el Gabinete de Seguridad ejecutó cinco cateos simultáneos en Jalisco, culminando con su aprehensión y la de tres de sus directores más cercanos.
La Operación Enjambre, iniciada el 30 de enero con la detención de tres alcaldes mexiquenses, llegaba así a uno de los municipios más icónicos de México. Según documentos de inteligencia obtenidos por este medio, Diego “N” manejaba un sofisticado esquema de extorsión que cobraba “derecho de piso” a al menos 12 empresas cerveceras y tequileras de la región, incluyendo marcas internacionales con plantas en la zona. “Las cuotas oscilaban entre 50,000 y 200,000 pesos mensuales, dependiendo del tamaño de la operación”, revela un informe de la Fiscalía General de la República.
Los números son elocuentes. El CJNG, según estimaciones del Centro Nacional de Inteligencia, controla el 35% del narcotráfico nacional y genera ingresos por extorsión que superan los 5,000 millones de pesos anuales en Jalisco solo. La red desmantelada en Tequila habría desviado aproximadamente 180 millones de pesos del erario público en dos años, según auditorías preliminares de la Secretaría de la Función Pública.
“Esta detención no es casualidad”, explica el analista de seguridad Eduardo Guerrero. “Cuando un alcalde permite la glorificación del crimen organizado en un evento público, está enviando un mensaje claro sobre sus lealtades”. La investigación revela que los directores detenidos—Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas—constituían el núcleo operativo: el primero garantizaba impunidad, el segundo manipulaba valuaciones fiscales, y el tercero adjudicaba obras a empresas fantasma.
La participación conjunta de Sedena, Semar, FGR, CNI y SSPC en los operativos subraya la gravedad del caso. Representa la mayor acción anticorrupción coordinada en Jalisco desde 2022, cuando fueron detenidos 18 funcionarios en Guadalajara por vínculos con el CJNG. “Cada director detenido controlaba una pieza clave del municipio”, señala un oficial de inteligencia bajo condición de anonimato. “Juntos, convertían la administración pública en una máquina de extorsión”.
El evento de mayo de 2025, inicialmente minimizado como un “error técnico”, se revela ahora como un acto calculado. Testigos declararon a fiscalías que la proyección duró exactamente 47 segundos—tiempo suficiente para ser registrada en decenas de teléfonos—y fue precedida por amenazas veladas a empresarios que se negaban a pagar las cuotas. “Esa noche supimos que el municipio ya no era nuestro”, confiesa el dueño de una destilería mediana que pagó durante 18 meses.
Las consecuencias se expanden como ondas en el agua cristalina del tequila. La industria, que exporta más de 300 millones de litros anuales y emplea a 70,000 jaliscienses directamente, enfrenta ahora un escrutinio internacional. Las certificaciones de denominación de origen—cruciales para mercados como Estados Unidos y Europa—podrían verse comprometidas si se demuestra infiltración criminal en la cadena productiva.
La detención de Diego “N” cierra un capítulo pero abre interrogantes más profundos. ¿Cuántos municipios productores de tequila operan bajo esquemas similares? La Operación Enjambre sugiere que Tequila no es una excepción, sino la punta visible de un iceberg de corrupción municipal que bebe de las mismas fuentes que el destilado más famoso de México: tradición, poder y silencio.