Sheinbaum minimizó el alcance del texto más allá de círculos digitales y elites mediáticas, insistiendo en que las denuncias formales deben canalizarse ante instancias judiciales competentes.
La jefa del Estado mexicano selló su postura respecto a la reciente publicación periodística al declarar sin ambigüedades su decisión de no revisar sus páginas. Durante el encuentro informativo matutino, fundamentó su postura en la ausencia de transparencia sobre los soportes informativos que respaldan las imputaciones vertidas contra el proyecto político surgido en 2018.
Aunque reconoció la pertinencia del escrutinio interno dentro de cualquier corriente transformadora, subrayó que quienes integran dicho movimiento deben actuar con coherencia ideológica. Destacó que su llegada al poder emanó exclusivamente de la voluntad popular, no de designios ajenos, y que el objetivo primordial sigue siendo la reconfiguración estructural del país.
La publicación, calificada por la mandataria como emanada de corrientes conservadoras, fue objeto de escepticismo respecto a su trascendencia social. Sheinbaum anticipó que su difusión se limitaría a espacios digitales específicos —mencionó explícitamente la plataforma X y lo que denominó “Círculo Rojo”— sin calar en el grueso de la ciudadanía, cuya percepción sobre el rumbo nacional considera consolidada.
En un pasaje revelador de su filosofía gubernamental, estableció un límite claro entre la libre expresión y los mecanismos institucionales: cualquier alegato con pretensión de veracidad debe formalizarse ante las autoridades encargadas de investigar, no difundirse únicamente mediante canales editoriales o redes sociales.
Paradójicamente, utilizó el mismo lanzamiento del libro como prueba de la vigencia de las libertades civiles en el territorio nacional. Subrayó que la existencia de voces críticas, incluso las que cuestiona en su fundamento, demuestra apertura democrática. Concluyó invitando a la población a elaborar juicios propios frente al debate público, sin imponer lecturas oficiales.
El episodio refleja una tensión creciente entre el poder ejecutivo y ciertos sectores del periodismo crítico: mientras el gobierno insiste en la necesidad de fuentes verificables para sostener acusaciones, voces disidentes argumentan que el escrutinio periodístico no requiere autorización institucional para existir.