La Cancillería rechazó integrarse al mecanismo impulsado por Trump al considerar que viola principios constitucionales de igualdad soberana y autodeterminación de pueblos.
La embajada mexicana en Washington transmitió una respuesta contundente: México no formará parte del panel intergubernamental para Gaza mientras el Estado palestino permanezca excluido de sus deliberaciones. La decisión, comunicada formalmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, expone una fractura diplomática con la administración estadounidense en torno a los cimientos mismos de cualquier iniciativa de paz en Medio Oriente.
El documento de rechazo, sustentado en el artículo 89, fracción X, de la Carta Magna, establece con claridad que toda solución debe contemplar la participación equitativa de Israel y Palestina. La exclusión de uno de los actores centrales del conflicto representa, para las autoridades mexicanas, una violación directa a la igualdad soberana entre naciones y al derecho inalienable de autodeterminación.
Mientras 25 países —entre ellos Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Argentina— aceptaron integrar la Junta tras comprometerse con una aportación inicial de mil millones de dólares, México optó por una postura disidente. La presidenta Sheinbaum ratificó durante su conferencia informativa del 17 de febrero que la nación participará únicamente como observador, figura que le permitirá monitorear los avances sin asumir decisiones vinculantes ni compromisos operativos.
El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente ante la ONU, asumirá este rol de vigilancia diplomática. Su presencia buscará garantizar que los esfuerzos complementarios a las acciones de Naciones Unidas no desvíen el horizonte hacia una solución de dos Estados, eje rector de la política exterior mexicana en la región.
El origen del mecanismo remite al documento firmado por Donald Trump el 22 de enero en Davos, Suiza, que dio vida formal a un consejo respaldado meses antes por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, su evolución hacia un modelo que omite deliberadamente al gobierno palestino ha generado cuestionamientos internacionales. Voces críticas califican el proyecto como ocupacionista, al proponer “empoderar” a habitantes de Gaza mediante empleos y servicios sin reconocer su derecho a la autogestión política.
El punto de máxima tensión radica en la contradicción entre la retórica de reconstrucción y la práctica excluyente: ¿puede existir paz duradera sin la participación del pueblo cuyo territorio es objeto de la iniciativa? México apostó por responder con coherencia institucional antes que por alineamiento táctico.
La nota informativa número 004/2026 selló el posicionamiento: acompañar sin legitimar estructuras que perpetúan asimetrías. Un observador atento, no un cómplice silencioso.
