Nueva normativa exige cuotas de exhibición mientras incentivos fiscales a extranjeros se condicionan a contratación local y coproducción con empresas del país.
La pantalla grande enfrenta una transformación sin precedentes en décadas. Durante el encuentro número treinta y nueve de La Moreniza, la presidenta del partido oficialista Luisa María Alcalde develó los pilares de una política cultural ambiciosa: por primera vez, los complejos cinematográficos comerciales tendrán la obligación legal de reservar espacios programáticos para largometrajes realizados en territorio nacional. Esta medida responde a un diagnóstico crudo expuesto por Daniela Alatorre, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía: la industria local padece una “competencia estructuralmente desigual” frente a los gigantes de Hollywood, cuyos presupuestos millonarios acaparan cartelera sin dejar resquicios para voces autóctonas.
El paquete legislativo va más allá de la exhibición. En el corazón del Bosque de Chapultepec florecen centros de formación gratuitos donde jóvenes aprenden oficios cinematográficos desde la iluminación hasta el montaje, equipados con tecnología de última generación gracias a una inyección presupuestal sin precedentes en el sector cultural. “México ha producido cine de calidad a lo largo de su historia”, recordó la secretaria de Cultura Claudia Curiel de Icaza, “pero ahora nuestra vocación es multiplicar las pantallas disponibles para estas narrativas”.
El punto de máxima tensión emerge al abordar la inversión foránea. Jesús Ochoa, actor y exdirigente sindical de la ANDA, advirtió sobre prácticas depredadoras: “Corporaciones internacionales filman aquí para luego trasladar utilidades a paraísos fiscales o territorios sin protección gremial”. La respuesta gubernamental establece una condición inquebrantable: cualquier compañía extranjera que aspire a beneficios tributarios deberá contratar mano de obra mexicana y asociarse obligatoriamente con una productora nacional en esquemas de coproducción real, no simbólica.
La normativa también rompe techos históricos de exclusión. Por mandato legal, directores y directoras indígenas y afrodescendientes tendrán garantizado acceso a recursos y espacios de difusión, mientras géneros marginados como la animación y el cine infantil reciben apoyo específico. “Esta ley permitirá dimensionar el tamaño real de nuestra industria y asegurar el derecho cultural a ser espectador y creador”, subrayó Alatorre.
Mientras los primeros guiones se adaptan a este nuevo ecosistema regulatorio, el sueño de una segunda época dorada del séptimo arte mexicano deja de ser nostalgia para convertirse en hoja de ruta con plazos, recursos y mecanismos de exigibilidad.