La mandataria vincula el caso con la iniciativa que busca equidad, austeridad y justicia social en el sistema de retiros del país.
Un amparo interpuesto por María Amparo Casar para conservar un beneficio económico vitalicio destapó, este viernes, la tensión entre la nueva política de austeridad gubernamental y los privilegios heredados del pasado.
La titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, respondió a cuestionamientos sobre el caso durante su espacio informativo matutino. Aunque remitió a la Fiscalía las decisiones procesales, dejó entrever que, de avanzar la modificación a la Carta Magna en materia de jubilaciones, los montos como el de la dirigente de MCCI deberían ajustarse a los nuevos parámetros.
La propuesta presidencial persigue alinear los retiros con principios de equidad y contención del gasto público, pilares de la denominada Cuarta Transformación. El caso concreto involucra un pago otorgado por la empresa petrolera estatal tras el fallecimiento del cónyuge de Casar, quien ocupaba un cargo directivo desde hacía apenas unos meses. La certificación del deceso como “siniestro laboral” permitió una tramitación acelerada del beneficio, aun cuando posteriormente fue suspendido.
Casar argumentó ante los tribunales que, sin ese ingreso, carecería de lo necesario para subsistir con dignidad; omisión deliberada de que percibe, por otra vía, una remuneración mensual superior a los doscientos cuarenta mil pesos en la organización que preside.
El desenlace de este expediente no solo definirá el futuro de una prestación cuestionada, sino que marcará el límite entre la discrecionalidad del ayer y el marco normativo que el gobierno actual busca consolidar.