En una ruptura sin precedentes en la relación bilateral, Londres teme que facilitar ataques ofensivos desde su territorio pueda violar el derecho internacional; Trump responde con furia y castigo geopolítico
La llamada llegó desde Washington con una solicitud clara: aviones estadounidenses necesitaban despegar desde suelo británico para golpear objetivos en Irán. La respuesta de Keir Starmer, contundente y medida al mismo tiempo, sacudió los cimientos de la alianza transatlántica: no. Por primera vez en décadas, un primer ministro del Reino Unido le decía que no a un presidente de Estados Unidos en materia de seguridad compartida. Y el argumento no fue táctico, fue jurídico: usar las bases podría constituir una violación del derecho internacional.
El 2 de marzo, mientras los focos del mundo miraban hacia Medio Oriente, en los pasillos del Parlamento británico se libraba otra batalla. Starmer se paró frente a los escaños y trazó una línea ética: su gobierno no participaría en los ataques iniciales contra Irán, ni se sumaría a operaciones ofensivas. Pero dejó una puerta entreabierta. La defensa propia y la protección de los aliados sí tendrían cabida. ¿Dónde termina lo defensivo y empieza lo ofensivo? Esa es la grieta por donde ahora se cuela la tensión.
Las versiones filtradas a The Times, la BBC y The Guardian revelan el mecanismo interno del miedo. El ejecutivo británico analizó el marco legal y concluyó que no solo es responsable quien aprieta el gatillo, sino también quien presta la pista de despegue sabiendo lo que va a ocurrir. Bajo esa lógica, autorizar el uso de bases como Diego García o las instalaciones en Chipre podría convertir al Reino Unido en cómplice de una acción bélica sin cobertura jurídica sólida.
Pero la negativa inicial no fue total. Horas después, Starmer matizó: si Irán escala y la situación lo exige, Londres sí permitirá el uso de sus instalaciones para acciones defensivas. Una concesión que llegó tarde para Trump. El expresidente, en una entrevista con The Daily Telegraph, estalló. Dijo que Starmer parecía “preocupado por la legalidad” y que un desacuerdo de esta magnitud “probablemente nunca haya ocurrido antes” entre ambas naciones. La frase quedó flotando como un réquiem por la especial relación.
El punto de tensión alcanzó su clímax cuando Trump, furioso, movió otra ficha en el tablero. A través de su red Truth Social, anunció que retiraba su respaldo a un acuerdo largamente negociado para transferir la soberanía de las Islas Chagos a Mauricio. En juego estaba la base estratégica de Diego García, utilizada por ambos países. El mensaje fue claro: si no hay bases para misiles, tampoco habrá consenso sobre las islas.
Al Carns, ministro británico de Veteranos, había advertido días antes: cualquier autorización depende de la base legal y la justificación política. Lo que no anticipó es que la justificación política se convertiría en un campo de batalla paralelo. Starmer, por su parte, insiste en que ha aprendido de los errores del pasado. Pero el pasado, en esta crisis, pesa como una losa.
El desencuentro no es solo diplomático, es existencial. Durante décadas, Estados Unidos y Reino Unido han operado bajo acuerdos bilaterales opacos, evaluados caso por caso, lejos del escrutinio público. Ahora, la legalidad internacional se ha colado en la sala de guerra. Y con ella, la pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la lealtad entre aliados cuando el derecho dice otra cosa?
Mientras Trump responsabiliza a Irán por la muerte de ciudadanos de ambos países en la región, Starmer se aferra a un principio: defender a los británicos, sí; facilitar una guerra ofensiva, no. La base Diego García sigue ahí, en medio del Índico, como un testigo mudo de que, a veces, la geopolítica se rompe por donde menos se espera.