Ante el rechazo de PT y PVEM a la iniciativa original, la presidenta propone tres ejes para reducir privilegios: limitar presupuestos locales, recortar regidurías y preguntar a la gente sobre el gasto electoral.
En Baja California, cada legislador local cuesta 35 millones de pesos al año. En Colima, con el mismo número de diputados, la factura por persona es de apenas 3 millones. La comparación la puso Claudia Sheinbaum sobre la mesa para justificar su Plan B de reforma electoral. Ante la negativa de PT y PVEM de acompañar la iniciativa original, la presidenta activó una estrategia alterna con tres objetivos claros: poner límites al derroche, reducir el aparato burocrático y consultar a la gente.
La mandataria federal detalló este jueves en la Mañanera los ejes del nuevo plan. El primero es establecer un tope a los presupuestos de los Congresos Locales. El ejemplo de Baja California y Colima sirvió para ilustrar las enormes diferencias en el gasto legislativo entre entidades con el mismo número de representantes.
El segundo punto apunta a reducir el número de regidurías por municipio. Sheinbaum fue directa: hay regidores que, sumando bonos y apoyos como despensa, terminan ganando más que la propia presidenta. Un señalamiento que apunta a los privilegios enquistados en la estructura municipal.
El tercer eje es quizás el más innovador. Sheinbaum propone utilizar consultas populares para determinar el presupuesto electoral y el financiamiento a partidos políticos. “Yo les propongo, no se aprobó lo de ayer ¿Por qué no le preguntamos a la gente?”, planteó.
La idea es que sean los ciudadanos quienes decidan, mediante mecanismos de participación directa, cuánto dinero deben recibir los institutos políticos y los órganos electorales. Un giro hacia la democracia participativa que busca sortear la resistencia legislativa.
La presidenta enfatizó que el objetivo del Plan B es el mismo que el de la reforma original: “disminuir los privilegios que todavía quedan”. La austeridad republicana, dijo, debe aplicarse en todos los niveles de gobierno, no solo en el federal.
El anuncio del Plan B llega después de que la reforma electoral enfrentara obstáculos en el Congreso, particularmente por la negativa de PT y PVEM a respaldar la iniciativa. Sheinbaum no mencionó directamente a los partidos aliados, pero el mensaje fue claro: si los legisladores no aprueban, el gobierno llevará la discusión directamente a la gente.
La propuesta de consultas populares sobre presupuestos electorales es, en sí misma, un desafío a la clase política. Preguntar a la ciudadanía cuánto deben gastar los partidos es poner en sus manos un tema que tradicionalmente se decide en los escritorios del Congreso.
35 millones por legislador en Baja California, 3 millones en Colima. Regidores que ganan más que la presidenta. Sheinbaum puso los números sobre la mesa y lanzó su Plan B. La apuesta ahora es llevar la austeridad a los estados y, de paso, preguntarle a la gente si está de acuerdo. La pelota, otra vez, está en la cancha ciudadana.