La mandataria federal desestima la posibilidad de una derrota legislativa y transforma la votación en el Congreso en un plebiscito público sobre quién respalda los gastos excesivos de los funcionarios electorales.
Cuatro mil millones de pesos. Esa es la cifra que la Presidenta Claudia Sheinbaum colocó en el centro del debate legislativo. No se trata, según su discurso, de una reforma electoral más. Es, en esencia, un mecanismo de transferencia de recursos: lo que hoy se destina a privilegios de servidores públicos, mañana debería convertirse en pozos de agua, cablebuses y servicios para la ciudadanía. Y quienes se opongan, advirtió, quedarán retratados.
El escenario legislativo se tensó este martes desde la conferencia matutina. La iniciativa conocida como plan B —una propuesta que la propia Presidenta ha presentado como complemento de la reforma electoral original— comenzó su recorrido en comisiones del Senado. Pero lejos de esperar el desenlace con cautela, Sheinbaum optó por redefinir las reglas del juego político: una eventual negativa no será leída como una derrota del Ejecutivo, sino como una revelación de quiénes están dispuestos a sostener los privilegios de la élite burocrática.
La estrategia de comunicación es clara. La mandataria desdobló su mensaje en dos ejes que, aunque aparecen unidos en el texto legal, funcionan como piezas independientes en el tablero político. Por un lado, la reducción de los llamados “privilegios” de funcionarios electorales, diputados locales y regidores. Por otro, la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para que coincida con las elecciones intermedias de 2027.
“Para mí no es derrota”, sentenció cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el Congreso rechace la iniciativa. “Al revés, (es darse cuenta) quién vota a favor de los privilegios y quién en contra de los privilegios”. La frase, cargada de un cálculo político preciso, convierte la votación parlamentaria en un instrumento de rendición de cuentas ante la opinión pública.
El diagnóstico que presentó la Presidenta parte de una premisa: los límites constitucionales que establecen que ningún servidor público puede ganar más que la titular del Ejecutivo han sido sistemáticamente ignorados. En su lectura, consejeros del Instituto Nacional Electoral, diputados locales y regidores municipales han operado con salarios que no solo violan esa norma, sino que drenan recursos que podrían destinarse a necesidades básicas.
“Un consejero del INE no tiene por qué ganar más que la presidenta de la República”, enfatizó, en un señalamiento que busca resonar en el sentir ciudadano. La crítica se extiende a estructuras municipales que, según su visión, han inflado artificialmente la nómina pública: “Municipios que tienen 25 regidores. ¿Por qué tienen que tener 25? Quince ya es bastante”.
La propuesta que ahora analiza el Senado busca materializar esos límites en una reducción de 4 mil millones de pesos en gasto público. La mandataria se encargó de darle materialidad a esa cifra: “Es un cablebús en un lugar, es más obras de agua, a veces se requiere un pozo que cuesta 10 o 20 millones de pesos, imagínense cuántos pozos se podrían hacer”.
El proceso legislativo, sin embargo, ha mostrado fisuras incluso dentro de la propia coalición oficialista. El Partido del Trabajo, aliado de Morena, ha planteado diferencias con algunos aspectos del plan B. Lejos de minimizar esas discrepancias, Sheinbaum las incorporó a su relato como parte del mismo mecanismo de visibilización: “Tienen derecho a tener diferencias, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero también la gente ve cómo votan, todos”.
La advertencia se extendió a toda la oposición. La mandataria nombró al PRI, al PAN y a Movimiento Ciudadano como actores que quedarán expuestos si rechazan la iniciativa. “¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales? ¡A ver, vamos a ver!”, exclamó, en un tono que transforma la discusión legislativa en un escenario de confrontación pública.
La pregunta que dejó flotando es si el Congreso tiene la capacidad de resistir ese encuadre. La Presidenta confía en que no. “No creo que vayan a votar en contra de eliminar privilegios”, afirmó cuando se le preguntó si contemplaba la posibilidad de un plan C.
El plan B, en la narrativa presidencial, no es una reforma electoral más. Es un mecanismo de transferencia de recursos que expone una línea de fractura: los que están con el pueblo y los que defienden privilegios. “La gente ya sancionará en esa parte”, sentenció Sheinbaum. La votación en el Senado, que según los coordinadores de Morena podría ocurrir esta misma semana, se convertirá así en un acto de exposición pública. Quien vote en contra, dice la Presidenta, quedará retratado. Y el retrato, en su estrategia, será difundido.