Sheinbaum acusó al Comité contra Desapariciones Forzadas de usar cifras de 2009 a 2016 de cuatro entidades y extenderlas al presente sin considerar los avances de su administración.
El gobierno de México no acepta el informe del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU. La razón, según Claudia Sheinbaum, es metodológica y política: el documento toma datos de la época neoliberal —de 2009 a 2016, de solo cuatro entidades— y los extiende a 2025. No considera, dijo la Presidenta, las acciones que su administración ha implementado. Y además, excede el mandato del comité al ampliar indebidamente la definición de desaparición forzada.
La respuesta de México al comité de la ONU fue contundente. El pasado viernes, la Secretaría de Gobernación calificó el informe de “tendencioso y falto de rigor jurídico”. Ahora, Sheinbaum añadió su propia lectura: es un análisis que queda fuera de los estatutos de la comisión y de la ONU. “No fueron consideradas las acciones que hemos hecho”, afirmó.
El comité no solo presentó un diagnóstico crítico. También solicitó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que remita “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. El objetivo es que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.
Sheinbaum insistió en que su gobierno trabaja en el tema de desaparecidos, pero que esa problemática no tiene nada que ver con la “desaparición forzada” definida por los estatutos de la ONU. Esa figura, explicó, implica que el Estado la use como mecanismo de represión hacia su pueblo. Y eso, aseguró, no es lo que ocurre en México.
El rechazo al informe no es un rechazo a la cooperación internacional. Sheinbaum dijo que su gobierno establecerá “una relación estrecha” con el alto comisionado de la ONU y le expondrá las razones del desacuerdo. La Presidenta adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores explicará con mayor detalle los argumentos.
El punto central de la disputa es la definición de desaparición forzada. Para la ONU, se refiere a actos cometidos por agentes del Estado. En México, la mayoría de las desapariciones están vinculadas con la delincuencia organizada. Sheinbaum subrayó esa diferencia: “No tiene nada que ver con los colectivos, la solidaridad con los familiares buscadores y el trabajo que hacemos de la alerta y erradicar el delito de la desaparición vinculado con la delincuencia organizada”.
La crítica metodológica también es relevante. El comité utilizó un análisis de cuatro entidades de un periodo que va de 2009 a 2016. Sheinbaum dijo que esos resultados no pueden extenderse a 2025 sin considerar los cambios institucionales y las políticas implementadas desde 2018.
El elemento más crítico de esta controversia es la percepción internacional. México ha sido señalado repetidamente por organismos de derechos humanos por la crisis de desapariciones. El comité de la ONU, al solicitar que el caso llegue a la Asamblea General, está elevando la presión.
Sheinbaum, al rechazar el informe, corre el riesgo de que su postura sea interpretada como un cierre a la crítica externa. Por eso insistió en que su gobierno seguirá cooperando, pero con base en definiciones precisas y metodologías rigurosas.
La Secretaría de Gobernación ya había anticipado la postura. Dijo que el informe “excede” su mandato y que omite los avances trabajados desde 2018. La acusación de “tendencioso” es un término fuerte en el lenguaje diplomático. Sheinbaum lo respaldó.
Sheinbaum rechazó el informe de la ONU. Dijo que extrapola datos del neoliberalismo al presente sin considerar los avances de su gobierno. Adelantó que la SRE explicará los detalles. Aseguró que su administración seguirá cooperando, pero con base en definiciones precisas. El comité pidió que el caso llegue a la Asamblea General. México dice que no. La discusión no es sobre si hay desaparecidos, sino sobre cómo contarlos y quién tiene la autoridad para definirlos.