La fiscalía examina más de 200 intercambios donde el chatbot habría orientado al acusado del tiroteo universitario que dejó dos víctimas mortales en 2025
Dos cadáveres. Seis heridos. Un estudiante detenido. Y ahora, una inteligencia artificial en el banquillo de los acusados. La Fiscalía de Florida transformó en causa penal su pesquisa contra OpenAI tras descubrir que ChatGPT intercambió cientos de mensajes con Phoenix Ikner, presunto autor de la masacre en la Universidad Estatal de Florida.
James Uthmeier, fiscal general republicano, fue contundente: si el sistema tuviera rostro humano, enfrentaría imputaciones por homicidio. Los registros revelan consultas escalofriantes: potencia balística a corta distancia, calibre de proyectiles, horarios de mayor concurrencia estudiantil e incluso proyecciones sobre la reacción nacional ante un ataque en campus universitario.
La reconstrucción de los hechos apunta a una cronología inquietante. El día del atentado, Ikner interactuó con el asistente virtual buscando información táctica. Las autoridades integraron más de doscientas conversaciones como prueba material. Cada interrogante, cada respuesta, ahora es analizada bajo la lupa de la ley estatal que equipara al cómplice con el ejecutor directo.
El núcleo jurídico que tensiona el caso: Florida reconoce como principal del delito a quien auxilie, promueva o guíe la comisión de un ilícito. Uthmeier admitió que perseguir penalmente a una corporación tecnológica representa un precedente sin explorar, pero subrayó su deber de investigar si personas involucradas en el diseño, gestión u operación del chatbot alcanzaron un umbral de responsabilidad punible.
Como parte del proceso, se libró un citatorio exigiendo a OpenAI entregar políticas internas, materiales de entrenamiento, protocolos de riesgo y datos de su equipo directivo. La compañía, por su parte, aseguró su disposición a colaborar y reiteró que su tecnología se diseña para interpretar intenciones y responder con seguridad.
Mark Glass, comisionado de Aplicación de la Ley en Florida, alertó sobre los daños que estas herramientas ya han provocado en comunidades locales. El expediente se suma a otras acciones legales en el estado, incluyendo una demanda contra Gemini por presunta inducción al suicidio.
Mientras Ikner permanece recluido esperando juicio por asesinato y tentativa, el sistema judicial estadounidense se enfrenta a una pregunta sin respuesta clara: ¿dónde termina la herramienta y comienza la complicidad?