El sistema CAPE arranca este lunes para reembolsar a más de 330 mil importadores; el proceso será gradual y deja fuera a millones de consumidores.
166 mil millones de dólares. Esa es la cifra. Dinero que el gobierno de Estados Unidos ahora tiene que devolver.
La causa: un fallo de la Corte Suprema. Febrero pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los aranceles que Donald Trump impuso. Votación de seis contra tres. El presidente, dijeron, se excedió. Usó una ley de 1977, la IEEPA, que nunca antes había servido para aplicar tarifas comerciales. Error de base.
Este lunes 20 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) activó un sistema digital. Se llama CAPE. Permite a las empresas presentar solicitudes de devolución. Más de 330 mil importadores pagaron esos aranceles. En total, 53 millones de operaciones. El monto conjunto: aproximadamente 166 mil millones de dólares.
Hasta el 14 de abril, 56 mil 497 empresas ya se habían registrado. Las solicitudes elegibles suman cerca de 127 mil millones, intereses incluidos.
Pero el punto de tensión es el calendario. El proceso no será rápido. No será para todos.
Primera fase: solo pueden tramitar devoluciones aquellos aranceles aún no cerrados de forma definitiva, o los que estén dentro de los 80 días posteriores a su liquidación final. Una vez aprobadas las solicitudes, las empresas esperarán entre 60 y 90 días para recibir el dinero. Empresarios advierten: podrían pasar varios meses.
Hay otro bloqueo. Millones de consumidores quedan fuera del esquema. Ellos también pagaron. Sufrieron incrementos de precios. Pero el reembolso no les llega.
La incertidumbre crece. La Casa Blanca no descarta nuevas acciones legales. Podrían retrasar o incluso frenar las devoluciones. Especialistas señalan que el sistema CAPE, en su etapa inicial, solo cubrirá alrededor del 63% de los casos. Fallas técnicas son un riesgo real.
El alivio para el sector empresarial es parcial. No compensa las pérdidas completas. Las pequeñas empresas, en particular, ya enfrentaron recortes y despidos. Algunas compañías han planteado trasladar beneficios a consumidores mediante reembolsos directos o bajas de precios. Analistas lo ven poco probable en el corto plazo.
El cierre es amargo: 166 mil millones vuelven. Pero la herida comercial y legal sigue abierta.