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FGR investiga incendio en almacenes de Bienestar tras protesta frijolera en Zacatecas

Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, 22 de abril de 2026. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en Conferencia de prensa matutina “Conferencia del Pueblo” en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y Enlace con Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) desde Coatzacoalcos, Veracruz y con Abraham Eugenio Carro Toledo, director general del Instituto Mexicano de Juventud (Imjuve) y Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora Constitucional del Estado de Tlaxcala desde Tlaxcala. La acompañan David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública; Tania Rodríguez, Subsecretaria de Educación Media Superior; Yerania Enríquez López, titular de la Comisión de la Salud Mental y Adicciones; Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de asuntos intergubernamentales y participación social; Mariana Pérez Gay, coordinadora en la subsecretaría de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia. Foto: Saúl López / Presidencia

Daños superiores a 6 millones de pesos y mercancía estratégica destruida mientras se esclarece si el siniestro fue provocado o derivado de quema de llantas durante manifestaciones

Seis millones de pesos en mercancía reducidos a cenizas. Un almacén federal consumido por llamas. Y una interrogante que define el rumbo de la pesquisa: ¿accidente colateral o ataque deliberado? La Fiscalía General de la República abrió carpeta de investigación tras el incendio registrado en los almacenes central y rural de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas.

Claudia Sheinbaum confirmó durante la conferencia matutina del 22 de abril que las diligencias buscan determinar el origen del siniestro. Dos hipótesis sobre la mesa: el fuego se propagó desde una quema de llantas cercana durante las protestas del 21 de abril, o bien, los inmuebles fueron prendidos intencionalmente. La naturaleza federal del recinto obliga a la FGR a asumir la indagatoria.

La reconstrucción de los hechos apunta a una escalada durante manifestaciones de productores de frijol. Según Alimentación para el Bienestar, líderes locales vinculados con actores políticos incendiaron neumáticos para bloquear accesos e impedir la operación logística. Posteriormente, las llamas alcanzaron las bodegas que resguardaban alimentos del Programa de Abasto Rural, destinados a zonas vulnerables del estado.

El punto de tensión económica: la mercancía afectada supera los 6 millones de pesos en valor de venta, sin contabilizar daños estructurales al inmueble y mobiliario, ambos propiedad del gobierno federal y asegurados. Adicionalmente, una bodega compartida con Leche para el Bienestar también sufrió afectaciones, lo que exige un recuento pormenorizado de pérdidas.

A pesar de la gravedad, no se reportaron víctimas mortales. No obstante, la autoridad anunció que iniciará acciones legales contra responsables materiales e intelectuales. El gobierno federal rechazó enérgicamente estos actos que, subrayó, vulneran bienes públicos y perjudican a la población más pobre.

En paralelo, Sheinbaum defendió el Programa de Soberanía Alimentaria para el frijol como estrategia exitosa: este año se lograron 300,000 toneladas adicionales de producción. El mecanismo de acopio permitió comprar por encima del precio de mercado para proteger a productores ante la caída de cotizaciones.

El contexto agrava la contradicción: las protestas ocurrieron justo tras anunciarse la ampliación de 10,000 toneladas adicionales al programa de acopio en Zacatecas, con arranque previsto en mayo, beneficiando a 2,000 pequeños productores mediante esquemas de precio justo.

Mientras la logística se reorganiza para mantener el abasto en Tiendas Bienestar, la investigación fiscal avanza. La resolución del caso no solo definirá responsabilidades penales, sino que pondrá a prueba la capacidad institucional para proteger programas sociales estratégicos frente a la presión de conflictos sectoriales.

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