Tras reunión con García Harfuch por operativo en Sierra Tarahumara, la gobernadora de Chihuahua ofrece mejorar comunicación institucional mientras persisten interrogantes sobre presencia extranjera
Indeclinable. Así calificó María Eugenia Campos Galván la disposición del gobierno de Chihuahua para colaborar con la federación en materia de seguridad. Un día después de sostener un encuentro con Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, la mandataria estatal emitió un posicionamiento público dirigido a Claudia Sheinbaum.
El contexto define la urgencia: la reunión con el titular de la SSPC se vinculó a las pesquisas sobre un operativo ejecutado entre el 15 y 19 de abril en el municipio de Morelos, Sierra Tarahumara. El saldo: dos ciudadanos estadounidenses y el director de la Agencia Estatal de Investigación perdieron la vida.
La reconstrucción del mensaje de Campos revela una estrategia de acercamiento institucional. La gobernadora expresó coincidencia plena con la presidenta federal en un principio rector: más allá de las diferencias partidistas, los gobiernos deben articular esfuerzos para proteger a las familias mexicanas y preservar la integridad soberana del país, siempre en el marco de la ley y bajo un ambiente de confianza coordinada.
El punto de tensión: la comunicación como variable crítica. “Mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”, sostuvo Campos, reconociendo implícitamente que las fricciones informativas pueden obstaculizar la eficacia operativa. La frase opera como autocrítica y propuesta simultánea.
La mandataria destacó que el trabajo conjunto entre federación y estado ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño provocado por el crimen organizado. Este reconocimiento busca reforzar la narrativa de colaboración efectiva, pese a las controversias recientes sobre protocolos y soberanía.
Sin embargo, el operativo en la Sierra Tarahumara mantiene interrogantes sin respuesta pública. La presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, las circunstancias de su participación y los mecanismos de autorización continúan bajo escrutinio, mientras las investigaciones avanzan sin divulgación de hallazgos concluyentes.
Con el ofrecimiento de mejora comunicacional sobre la mesa y la voluntad de coordinación reiterada, Campos Galván busca desactivar tensiones institucionales. Pero la pregunta persiste: ¿bastará con mejores canales para resolver las discrepancias de fondo sobre soberanía, protocolos y transparencia en operativos binacionales?
Mientras las familias de las víctimas esperan respuestas y la opinión pública observa, un principio queda establecido: la seguridad requiere coordinación, pero la coordinación exige claridad. Y en México, la ley es la brújula que debe orientar toda acción conjunta.