La decisión judicial que anuló gravámenes globales desencadena reclamos masivos mientras el mandatario cuestiona el fallo y exige compensación para las arcas públicas
Ciento cincuenta y nueve mil millones de dólares. Esa cifra define la magnitud del reverso judicial que enfrenta la administración Trump.
El presidente estadounidense reconoció este viernes que el Gobierno federal deberá desembolsar cantidades extraordinarias tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los fundamentos de sus aranceles globales. La sentencia, emitida en febrero, estableció que el poder de “regular” no equivale al de “gravar”, facultad reservada exclusivamente al Congreso.
La reconstrucción del impacto revela una cadena de consecuencias. Cientos de corporaciones ya iniciaron trámites legales para obtener compensación, con intereses incluidos, por los gravámenes que Trump autorizó apenas asumió nuevamente la Casa Blanca. Desde esta semana, un portal web permite a comerciantes afectados exigir su reembolso; si se aprueba la solicitud, la devolución se procesará en un lapso de 60 a 90 días.
El punto de tensión discursiva: Trump calificó la decisión judicial como “horrible y ridícula” en su plataforma Truth Social. Sostuvo que las empresas y personas que “se han aprovechado de nuestro país durante décadas” ahora recuperarán recursos que, en su visión, deberían permanecer en las arcas públicas. “Solo tenían que haber dicho una pequeña frase: ‘que Estados Unidos no tiene que devolver el dinero que ya se pagó’, y nuestro país sería 159 mil millones de dólares más rico”, argumentó.
La pregunta que plantea el mandatario interpela directamente al máximo tribunal: “¿No podrían haber hecho eso por nuestra nación?”. Con esa retórica, Trump posiciona el debate no como una cuestión de separación de poderes, sino como una oportunidad perdida para fortalecer las finanzas federales.
Mientras los procesos de reembolso avanzan y las empresas aguardan sus compensaciones, el caso expone una fractura fundamental: la tensión entre la autoridad ejecutiva para imponer gravámenes comerciales y los límites constitucionales que el Poder Judicial reafirmó.
Con $159 mil millones en juego y un precedente jurídico que delimita competencias entre ramas del gobierno, el episodio trasciende lo económico para instalarse en el terreno de los principios institucionales que definen el equilibrio democrático estadounidense.