México espera que caso de agentes CIA en Chihuahua sea excepción mientras ratifica coordinación bilateral basada en entendimiento, no subordinación, y cumplimiento constitucional
Una nota diplomática. Una expectativa de excepción. Y un principio innegociable: la soberanía.
Claudia Sheinbaum confirmó que México entregó un comunicado formal al embajador estadounidense Ronald Johnson, mediante el secretario de Relaciones Exteriores Roberto Velasco, para expresar inconformidad por la participación de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua sin conocimiento del gobierno federal. La mandataria fue clara: “esto no se negocia”.
La reconstrucción del mensaje presidencial revela una estrategia de contención institucional. Sheinbaum enfatizó que ambos países trabajan con “buena coordinación, con base en el entendimiento”, y que Washington está de acuerdo con este esquema. Sin embargo, el episodio chihuahuense representa una desviación: el Ejecutivo federal desconocía los términos del acuerdo entre el estado y agencias estadounidenses.
El punto de tensión jurídica: la investigación. Sheinbaum cuestionó la utilidad de una comisión estatal para indagar los hechos, argumentando que “no hay de otra”: el acuerdo con Estados Unidos solo pudo haber sido establecido por la Fiscalía General de Justicia del Estado o por el gobierno estatal de Chihuahua. La responsabilidad, sostuvo, debe esclarecerse mediante la Fiscalía General de la República y las autoridades competentes, no mediante opiniones partidistas.
La dimensión bilateral fue abordada con cautela. La presidenta subrayó que los términos de colaboración “sin subordinación” están arrojando resultados en ambos lados de la frontera, citando decomisos recientes de armas que pretendían ingresar a México. “Para qué vulnerar esa coordinación si estamos dando resultados”, planteó, buscando equilibrar la exigencia de soberanía con la preservación de una relación productiva.
Sheinbaum también respondió a versiones periodísticas sobre supuestos planes del embajador Johnson para difundir casos de corrupción contra funcionarios mexicanos. Recordó el precedente del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos y devuelto a México por falta de pruebas. “Cualquier caso de este tipo debe tener evidencias siempre. Porque si no, son otros motivos”, afirmó, estableciendo un estándar de prueba para acusaciones de esta naturaleza.
Respecto a la relación personal con Johnson, la mandataria señaló que hasta ahora ha sido “diplomática y cordial”, destacando su colaboración en temas como agua, gusano barrenador y transporte. “Si encontramos una relación de injerencismo lo haríamos saber”, precisó, dejando abierta la puerta a acciones futuras si se detectan desviaciones.
La pregunta sobre si Estados Unidos sigue siendo un socio confiable recibió una respuesta pragmática: “Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien. Nadie se va a ir a ningún lado. Son más de 3 mil kilómetros de frontera”. Esta afirmación refleja la realidad geopolítica que obliga a la cooperación, independientemente de fricciones coyunturales.
Finalmente, Sheinbaum enfatizó que los gobernadores deben cooperar en materia de seguridad, pues la relación con agencias estadounidenses no es exclusiva del gobierno federal. “Que esto quede claro a todos: la defensa de la soberanía. La colaboración se puede dar, pero en el marco de la ley”.
Con la investigación en marcha y la diplomacia operando en segundo plano, el caso Chihuahua se erige como prueba de fuego para los mecanismos de coordinación bilateral. Mientras México espera que sea “un caso de excepción”, la soberanía permanece como brújula inamovible en la relación con el vecino del norte.