México condiciona cualquier acción legal contra el gobernador de Sinaloa a la entrega de evidencias irrefutables, denunciando una posible manipulación política desde el Departamento de Justicia.
La arquitectura diplomática entre México y Estados Unidos ha entrado en una fase de colisión directa. El epicentro del conflicto es una acusación formal del Departamento de Justicia (DOJ) que vincula a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, con una red de conspiración, narcotráfico y posesión de armamento ilícito en alianza con la facción de “Los Chapitos”. Ante la gravedad de los cargos, la Presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con un blindaje institucional, advirtiendo que su administración no tolerará injerencias externas ni procederá sin un sustento jurídico que cumpla con los estándares de la legislación mexicana.
La narrativa de Washington es demoledora: sostiene que el Cártel de Sinaloa financió la carrera política de Rocha Moya a cambio de impunidad y el control de posiciones estratégicas en los cuerpos de seguridad estatal. Según el expediente estadounidense, el mandatario sinaloense habría permitido que la organización de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán instalara perfiles corruptos en el poder local para blindar sus operaciones de tráfico de drogas hacia el norte. Sin embargo, en Palacio Nacional la lectura es distinta; Sheinbaum ha dejado claro que, si el DOJ no entrega pruebas “contundentes e irrefutables”, la embestida será interpretada como una maniobra política orientada a desestabilizar la soberanía nacional.
El ambiente se enrarece aún más tras las declaraciones del embajador Ronald Johnson, quien, a través de redes sociales, sentenció que la corrupción que facilita el crimen organizado será procesada bajo jurisdicción estadounidense. La mandataria mexicana calificó estas expresiones como “desafortunadas” e “injerencistas”, marcando una distancia pública con el diplomático. Este choque ocurre en un contexto de máxima fricción binacional, exacerbado por el reciente fallecimiento de dos agentes de la CIA en Chihuahua, un suceso que, según Sheinbaum, todavía permanece en la opacidad.
Por su parte, Rocha Moya ha calificado los señalamientos como un ataque directo contra el movimiento de la “Cuarta Transformación”, negando categóricamente cualquier reunión o pacto con líderes criminales. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido la instrucción de auditar meticulosamente la documentación proveniente de EE. UU. para determinar la viabilidad de una posible extradición. La postura de México es un ultimátum a la cooperación internacional: la relación será de iguales y el sistema penal mexicano será el único filtro para decidir el futuro de sus funcionarios.