La administración federal recorta pensiones de un millón de pesos para imponer un tope máximo basado en el ingreso presidencial.
El esquema de privilegios financieros en la alta burocracia ha sufrido un colapso normativo. A partir del pasado 10 de abril, tras su publicación oficial, entró en vigor una reforma que desmantela las denominadas “pensiones doradas”, las cuales permitían a ciertos exfuncionarios percibir hasta un millón de pesos cada mes. Ahora, por mandato de ley, estos montos han sido forzados a una reducción drástica, estableciendo un techo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
La lógica de este tijeretazo presupuestario se basa en una métrica de austeridad comparativa: ningún retiro puede superar el 50% de lo que percibe la actual jefa del Ejecutivo. Claudia Sheinbaum Pardo defendió la medida señalando que, incluso con el ajuste, el pago sigue siendo sumamente competitivo frente a la realidad del trabajador promedio. Para contextualizar la brecha, la mandataria recordó que el ingreso medio de los empleados inscritos en el Seguro Social apenas roza los 18 mil pesos, lo que deja a los nuevos pensionados ajustados en una posición todavía privilegiada.
En un ejercicio de transparencia proyectada, la Presidenta reveló sus propias expectativas de retiro para el año 2030, estimando una percepción de 30 mil pesos mensuales, cifra ligeramente superior a los 28 mil pesos que recibe actualmente el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este contraste busca evidenciar lo que el Gobierno califica como excesos injustificables del pasado.
El punto de mayor tensión radica en la inmediatez del ajuste. Quienes gozaban de subsidios estratosféricos vieron sus ingresos desplomarse en más del 90% de un día para otro. La narrativa oficial sostiene que esta nivelación no solo es necesaria para la salud financiera del Estado, sino que dignifica el concepto de jubilación al acercarlo a la realidad nacional, eliminando las distinciones de clase dentro del servicio público.