Organizaciones civiles exigen a la justicia federal detener el polémico estatuto que otorga facultades de deportación a jueces y policías estatales.
El sistema judicial de los Estados Unidos se ha convertido en el último campo de batalla para frenar lo que expertos denominan la legislación migratoria más radical a nivel estatal. A pocos días de que el calendario marque el 15 de mayo, fecha prevista para su activación, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas han interpuesto un recurso de emergencia. El objetivo es desarticular la Ley SB4, un decreto que pretende transferir el control fronterizo —históricamente reservado a Washington— a las manos de patrullas locales y magistrados de condado.
La arquitectura de esta ley, gestada en 2023 pero mantenida en un limbo jurídico por litigios previos, propone un cambio de paradigma en la seguridad interior. De entrar en vigor, cualquier oficial en Texas tendría la potestad de arrestar a individuos bajo la mera sospecha de un cruce irregular. La reconstrucción de este marco legal revela un endurecimiento punitivo sin precedentes: el ingreso no autorizado se tipifica como un delito estatal sancionable con medio año de cárcel, escalando hasta los 20 años para quienes reincidan en el intento de pisar suelo texano.
El punto de máxima tensión radica en la “judicialización de la deportación”. La demanda ataca específicamente la facultad otorgada a jueces locales para emitir órdenes de expulsión y la obligatoriedad de los tribunales estatales de ignorar procesos migratorios federales pendientes para dar paso a juicios penales. Los defensores de derechos civiles sostienen que este diseño legislativo no solo vulnera garantías individuales, sino que propicia la segregación por perfil racial, rompiendo el equilibrio constitucional de facultades entre el estado y la federación.
Mientras el gobernador Greg Abbott acelera la presión sobre metrópolis como Austin, Dallas y Houston para forzar una alianza total con el ICE, la resistencia ciudadana crece. El escenario es de una urgencia eléctrica: Texas intenta implementar una política de “mano dura” alineada con la visión de Donald Trump, mientras los tribunales deben decidir si permiten que un estado actúe como su propio servicio de inmigración. La resolución de esta querella determinará si Texas inicia una era de detenciones masivas o si la SB4 queda, una vez más, confinada al papel.