La Presidenta Sheinbaum deslinda al Ejecutivo y exige a la FGR esclarecer el expediente que vincula al líder senatorial con Farías Laguna.
El manto de silencio sobre el caso de contrabando de energéticos más delicado del año ha llegado hasta el atril presidencial. Durante la comparecencia matutina de este 7 de mayo, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo fue confrontada por el comunicador Jorge Chaparro sobre la existencia de un mandato judicial que mencionaría a Adán Augusto López Hernández. La jefa del Estado, en un movimiento de distanciamiento estratégico, negó poseer información sobre los presuntos vínculos del coordinador morenista con una estructura de defraudación tributaria en el sector de hidrocarburos.
El eje de la sospecha: Morelos y Argentina La génesis de esta crisis se remonta a finales de abril, cuando la detención en Argentina del contralmirante Fernando Farías Laguna —con fines de extradición— puso en marcha una serie de filtraciones que conectan las altas esferas del Senado con el denominado “huachicol fiscal”. El militar, identificado como pariente político del anterior secretario de Marina, es señalado por capitanear un esquema de importación de diésel y gasolina desde el vecino país del norte. La táctica delictiva consistía en registrar el combustible bajo la etiqueta de aditivos químicos, evadiendo así el pago de aranceles al fisco mexicano.
Autonomía o encubrimiento Ante la interrogante sobre si el senador de Morena figura en las órdenes de aprehensión, la Presidenta optó por la rigidez institucional. Declaró que la responsabilidad de transparentar los nombres implicados recae exclusivamente en la Fiscalía General de la República. “Tiene que informar la Fiscalía”, sentenció, dejando en manos de la institución autónoma la confirmación o el desmentido de los documentos judiciales que han circulado extraoficialmente en el ámbito periodístico.
La red que se extiende desde 2024 La investigación que ahora acecha al círculo cercano de la administración no es nueva. Sus raíces se hunden en operativos aduanales y portuarios iniciados hace dos años, particularmente en el puerto de Tampico. Hasta la fecha, más de 20 individuos, incluyendo figuras del empresariado, agentes de aduanas y personal del sector marítimo, han sido capturados. Sin embargo, la posible inclusión del jefe de la bancada mayoritaria en el Senado eleva el caso de una investigación técnica de aduanas a un escándalo de proporciones políticas impredecibles.