La renuncia de Guillermo Zuany sacude al gabinete de Maru Campos tras confirmarse la irrupción de inteligencia extranjera en instalaciones estatales.
El organigrama de seguridad en Chihuahua se desmorona desde el interior. Lo que inició como un operativo en la región de El Pinal ha mutado en una crisis de soberanía que acaba de cobrarse la cabeza de Guillermo Arturo Zuany Portillo. Quien hasta hace poco dirigía la Fiscalía de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro, ha dimitido de forma fulminante, entregando su renuncia tanto a la titular del Ejecutivo, María Eugenia Campos, como a la actual jefatura de la dependencia.
La reconstrucción de los hechos, liderada por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, ha detectado una anomalía constitucional: la presencia física de ciudadanos extranjeros operando dentro de los cuarteles de inteligencia antes de internarse en la zona serrana. Este hallazgo desarticula la narrativa oficial de una colaboración ordinaria, sugiriendo que agentes externos tuvieron acceso a la planeación táctica sin los permisos federales que exige la ley.
A pesar de que la gobernadora Campos ha insistido en su desconocimiento sobre estas infiltraciones, el rastro documental apunta en otra dirección. Indicios internos revelan que diversos estratos burocráticos no solo sabían de la presencia de los agentes, sino que facilitaron su participación en las etapas preliminares. Mientras la mandataria intenta blindarse bajo la promesa de una limpieza administrativa “caiga quien caiga”, las investigaciones a nivel federal ya han encendido las alarmas por posibles violaciones sistemáticas a la Ley de Seguridad Nacional.
La tensión se concentra ahora en el informe confidencial que documenta el despliegue. El caso ha trascendido la frontera de un simple relevo de mando para convertirse en un expediente sobre la vulnerabilidad de las instituciones ante potencias foráneas. El retiro de Zuany Portillo no es un hecho aislado, sino el síntoma de una estructura que permitió el libre tránsito de inteligencia extranjera por territorio mexicano sin el consentimiento del Gobierno Federal, dejando al descubierto una grieta profunda en la soberanía estatal.