La mandataria federal confronta a comentaristas conservadores que exigen capturas sin exigir pruebas, mientras revela que Washington ha rechazado 38 solicitudes de extradición por insuficiencia documental.
Treinta y ocho solicitudes de extradición rechazadas. Ese número, revelado esta mañana por la presidenta Claudia Sheinbaum, resume lo que los panelistas del programa Tercer Grado han ignorado sistemáticamente en su cobertura del caso Rubén Rocha Moya: sin pruebas, no hay proceso legal que se sostenga. Desde el estrado de su conferencia matutina, la jefa del Ejecutivo federal desmontó con precisión quirúrgica el argumento central que circula en ciertos espacios mediáticos. La lógica que imponen esos comentaristas —capturar al gobernador con licencia de Sinaloa o no hacer absolutamente nada— omite, de manera deliberada o negligente, el principio más elemental del Estado de derecho: toda acusación requiere respaldo probatorio. “Se les olvida lo más importante: pedir pruebas”, sentenció Sheinbaum ante los micrófonos. No se trata, aclaró, de un privilegio reservado para funcionarios públicos ni para militantes de partido alguno. Cualquier ciudadano mexicano, independientemente de su adscripción política o de su cargo, tiene derecho a un juicio justo y a que las imputaciones en su contra estén debidamente documentadas. La réplica presidencial no se limitó al plano jurídico. Sheinbaum apuntó directamente contra la inconsistencia ideológica de quienes invocan el “estado de derecho” cuando les resulta conveniente para atacar a sus adversarios, pero lo archivan cuando sus propias posiciones quedan expuestas. “Usan ‘estado de derecho’ cuando les conviene y luego lo esconden cuando quieren dar clases de derecho, aunque muchos de ellos ni abogados son”, disparó. El fondo del conflicto, según la mandataria, no es político sino soberano. La pregunta que ha dirigido hacia Washington es puntual: ¿existen pruebas contra el gobernador con licencia? Si las hay, que sean presentadas ante la Fiscalía para que la institución conduzca la investigación correspondiente. El mecanismo es el mismo que aplica en cualquier democracia funcional, y el mismo que el propio gobierno estadounidense ha invocado para rechazar 38 extradiciones urgentes por falta de documentación. Sheinbaum no dejó margen a la ambigüedad al cerrar su intervención. El juramento que prestó al asumir el cargo —defender la Constitución y las leyes que emanan de ella— le impide ceder ante presiones mediáticas que buscan reemplazar los procedimientos legales por la inmediatez del espectáculo noticioso. “No traicionar al pueblo de México”, recordó, no es una frase retórica: es el límite que define cada decisión de su gobierno en este y en cualquier otro expediente.