La justicia estadounidense asegura al General retirado Gerardo Mérida, acusado de cobrar nóminas del narcotráfico mientras dirigía la seguridad estatal.
El Centro de Detención Metropolitano de Nueva York (MDC) tiene un nuevo huésped de alto perfil: el General de Brigada en retiro Gerardo Mérida Sánchez. Quien fuera el rostro de la seguridad en el estado de Sinaloa durante la presente administración, hoy se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos. Su comparecencia informativa este viernes 15 de mayo de 2026 ante un tribunal neoyorquino marca el punto de quiebre de una investigación que apunta al corazón de las instituciones sinaloenses.
La reconstrucción de su captura revela un movimiento estratégico. Según datos proporcionados por el periodista Luis Chaparro y el portal Pie de Nota, el exfuncionario no fue víctima de una redada, sino que se habría entregado voluntariamente a los agentes estadounidenses el pasado lunes 11 de mayo en el estado de Arizona. De la frontera desértica fue trasladado de inmediato a la Gran Manzana, donde el Departamento de Justicia lo vincula formalmente con una conspiración criminal de largo alcance.
El expediente judicial sostiene que Mérida Sánchez no solo era un espectador, sino un engranaje clave en la logística de “Los Chapitos”. Las fuentes federales indican que el exsecretario de Seguridad Pública presuntamente percibía estipendios mensuales de 100 mil dólares en billetes a cambio de su lealtad a la facción liderada por los herederos de Joaquín Guzmán Loera. Este pago no era gratuito; el General habría utilizado su poder para filtrar detalles confidenciales sobre movilizaciones de fuerzas federales, garantizando pasillos libres para el trasiego de estupefacientes y armamento.
La tensión en el caso radica en lo que podría suceder tras las rejas. Versiones que emanan de las audiencias preliminares sugieren que el exmando militar está explorando la posibilidad de convertirse en testigo protegido. La oferta sobre la mesa es clara: información detallada sobre el tejido de corrupción que impera en Sinaloa a cambio de beneficios en su proceso, el cual incluye cargos por asociación delictuosa y narcotráfico.
Este arresto es el resultado de un cerco que la DEA comenzó a cerrar desde el pasado mes de abril sobre la clase política y de seguridad del estado. Mientras tanto, en Sinaloa impera el hermetismo; el gobierno estatal ha guardado silencio absoluto sobre la situación de su antiguo colaborador, quien pasó de dirigir operativos contra el crimen a ser señalado como uno de sus facilitadores más costosos. La ley estadounidense ha puesto en jaque la carrera de un General que, supuestamente, cambió la patria por la nómina de un cartel.