El panel global de Sídney convalida un giro estadístico sin precedentes mientras el mapa estatal exhibe fracturas extremas entre regiones.
El engranaje de la violencia en el territorio nacional ha sufrido un quiebre financiero y operativo de proporciones inéditas. De acuerdo con los registros consolidados por una entidad de investigación independiente con base en Australia, el impacto financiero derivado de la criminalidad experimentó un recorte del 11.4%, inyectando un alivio equivalente a unos 514 millones de pesos. Este repliegue económico sitúa el costo remanente de los daños delictivos en cuatro billones de pesos, una cifra que, pese a representar todavía el 11% de la riqueza nacional neta, marca la contracción más pronunciada jamás documentada en la contabilidad delictiva del país.
El balance que la administración federal expuso este miércoles en su conferencia matutina revela que los pilares de este descenso se concentran en dos variables críticas. Por un lado, el costo asociado a los asesinatos se redujo en 382,000 millones de pesos, impulsado por una baja del 22.7% en la tasa de homicidios, lo que significa que cerca de 7 mil personas salvaron la vida. Por el otro, el erario público redujo en 89,000 millones de pesos sus egresos destinados a las corporaciones militares y a las tareas de seguridad nacional, según consta en las mediciones del Instituto para la Economía y la Paz.
Este alivio financiero es el reflejo de un avance del 5.1% en las condiciones de convivencia civil durante el último año analizado, configurando la transformación positiva más profunda de la que se tenga registro en la última década. Los datos recopilados por el panel internacional configuran un ciclo de seis años consecutivos de progreso, sepultando el cuatrienio de pérdidas severas que colapsó al país entre 2015 y 2018. Para el Ejecutivo, este viraje estadístico valida la reconfiguración del modelo de combate al crimen iniciado en 2018, marcando un distanciamiento definitivo de las directrices previas que supeditaban el territorio a corporaciones de inteligencia extranjeras. La hipótesis oficial sostiene que el esquema militar previo no perseguía la pacificación, sino el sostenimiento de una dinámica bélica que dejó un saldo de pérdidas humanas, injerencia institucional y heridas sociales.
Sin embargo, la geografía de la pacificación interna dista de ser uniforme. El diagnóstico pormenorizado arroja que, si bien 22 entidades federativas lograron revertir sus indicadores de riesgo, otros 10 estados sufrieron retrocesos en sus condiciones de seguridad. En el extremo positivo, Yucatán revalidó su posición como la zona más segura por noveno año ininterrumpido, compartiendo el bloque de vanguardia con estados como Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche. Asimismo, Zacatecas se consolidó como el territorio con el mayor ritmo de recuperación por tercer año consecutivo, un logro significativo tras la espiral de violencia que lo asfixió entre 2015 y 2022.
La otra cara de la moneda la encabeza Colima, demarcación que hiló cuatro años fijada como la zona con peores condiciones de tranquilidad. A pesar de haber registrado disminuciones nominales en sus índices de criminalidad, esta entidad arrastra la tasa de homicidios más severa a nivel nacional, con un promedio de 74.1 muertes por cada 100 mil habitantes. Este estancamiento crítico en el Pacífico colinda con el panorama de Sinaloa, Guanajuato, Morelos y Baja California, estados que completan la lista de los puntos con mayor debilidad institucional frente al crimen. El avance global, por ende, coexiste con focos rojos regionales que desafían el optimismo de los promedios nacionales.