El Ejecutivo Federal moviliza ingenieros militares y millonarios contratos metalúrgicos para consolidar el despliegue de transporte público de carga y pasajeros.
La administración civil mexicana ha puesto en marcha una reconfiguración radical de su mapa logístico. Mediante el despliegue del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, el Gobierno Federal ha consolidado los primeros 800 kilómetros de planeación técnica elemental en las rutas que conectarán la capital del país con Pachuca y Querétaro, además de los trayectos de Querétaro a Irapuato y de Saltillo a Nuevo Laredo. Esta movilización técnica representa el cimiento de una meta que busca instaurar un mínimo de 2 mil 377 kilómetros de vías férreas bajo control del Estado, una cifra que busca redefinir los parámetros de conectividad interna establecidos en las últimas décadas.
La estrategia marca una ruptura tajante con las políticas de transporte de los periodos previos, caracterizados por esquemas de explotación privada. Durante la gestión de Felipe Calderón Hinojosa la infraestructura ferroviaria se limitó al otorgamiento de concesiones para apenas 65 kilómetros, un periodo del que la actual administración evoca obras inconclusas como un muro perimetral de refinería en Hidalgo y la edificación de la Estela de Luz. Posteriormente, el sexenio de Enrique Peña Nieto sumó únicamente 187 kilómetros concesionados, destacando de esa época la ejecución de solo una decena de kilómetros correspondientes al enlace México-Toluca. El vuelco hacia el control estatal se profundizó con el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien acumuló mil 736 kilómetros a través de proyectos como el complejo de Tulum, el aeródromo de Santa Lucía, el paso interoceánico y la refinería tabasqueña.
El nuevo proyecto ferroviario no se limita a las rutas del centro y noreste. El cuerpo de ingenieros militares, encabezado por el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, mantiene bajo análisis técnico otros mil 326 kilómetros de trazo. Este bloque abarca los segmentos que van de Irapuato a Guadalajara con más de 284 kilómetros; la conexión de Querétaro hacia San Luis Potosí que supera los 237 kilómetros; el enlace entre San Luis Potosí y Saltillo con 334 kilómetros; y el corredor sinaloense de Mazatlán a Los Mochis que abarca 470 kilómetros. Paralelamente, en la región meridional del país se ejecutan las obras destinadas a dotar de capacidades de traslado de mercancías al circuito del Tren Maya.
Para soportar este despliegue, la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario ha comprometido recursos masivos para el acopio de materiales y material rodante. El titular del organismo, Andrés Lajous, confirmó la existencia de un pedido por 88 mil 559 toneladas de acero para rieles, cuya distribución logística se encuentra fragmentada: más de la mitad ya pasó por los talleres de fundición, un 35 por ciento navega en rutas transatlánticas y un quinta parte ya se encuentra bajo resguardo en suelo mexicano. De hecho, los centros de acopio en Saltillo ya recibieron las primeras 4 mil 414 toneladas, previendo un movimiento similar para la ruta Querétaro-Irapuato en el corto plazo.
La inversión en equipo de tracción y vagones asciende a 26 mil 17.5 millones de pesos. El calendario de manufactura establece que para el enlace AIFA-Pachuca se ensamblarán 15 convoyes, de los cuales ya se trabaja en la estructura del primer bogie y el revestimiento de la caja inicial, con miras a recibir la primera unidad en septiembre de 2026. Para los trayectos septentrionales, denominados Trenes del Norte I, el plan contempla 47 locomotoras diésel-eléctricas cuya fabricación en serie arrancará en junio próximo. Los itinerarios oficiales prevén que los primeros convoyes comiencen operaciones en el tramo Ciudad de México-Querétaro para junio de 2027, concluyendo el despliegue de este bloque en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo en diciembre de ese mismo año. El modelo de transporte público se impone sobre el esquema privado del pasado.