La movilización del cuerpo de ingenieros militares destraba miles de predios para consolidar el control gubernamental sobre el transporte de mercancías y pasajeros.
El mapa logístico del territorio nacional padece una sacudida estructural sin precedentes. Mediante un despliegue de fuerza técnica y operativa, el Gobierno de México ha conseguido la liberación jurídica de 27 millones 234 mil 241 metros cuadrados de suelo, un avance crítico que abarca la expropiación y ordenamiento de dos mil 547 predios particulares. Esta gigantesca reserva territorial constituye el soporte para una ofensiva de conectividad que busca edificar dos mil 377 kilómetros de vías férreas de propiedad pública, una cifra que pretende duplicar la infraestructura heredada del periodo obradorista y trazar una línea de división tajante frente a la política de desmantelamiento estatal de los sexenios pasados.
El vuelco hacia el control de los bienes de la nación desató una dura revisión histórica en la comparecencia matutina de Palacio Nacional. La administración civil contrapuso su proyección actual con los saldos de la era neoliberal, un tiempo en el que la directriz central consistió en delegar la rectoría de los traslados a consorcios particulares bajo el formato de concesiones vigentes. Los registros de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario exhiben la parálisis de esa época: durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa la expansión se estancó en apenas 65 kilómetros, un periodo del que la memoria colectiva evoca únicamente obras inconclusas como el muro perimetral de un complejo refinador en Hidalgo y la edificación de la Estela de Luz. Posteriormente, la gestión de Enrique Peña Nieto sumó escasos 187 kilómetros con el mismo esquema privado, destacando de esos años la entrega de cerca de diez kilómetros correspondientes al enlace entre Toluca y la capital.
La ruptura de esa tendencia comenzó con los mil 736 kilómetros acumulados bajo la gestión de Andrés Manuel López Obrador, periodo que cimentó obras de gran calado como el circuito del sureste, el paso interoceánico, el aeródromo de Santa Lucía, la terminal aérea de Tulum, el complejo refinador de Dos Bocas y el relanzamiento de la aerolínea Mexicana de Aviación. La estrategia vigente busca rebasar ese piso histórico mediante un portafolio que incorpora el ramal de mercancías del Tren Maya, el enlace México-Pachuca, la conexión denominada El Insurgente y las rutas septentrionales. El Ejecutivo Federal remarcó que, aun situándose en el cálculo más conservador de su planeación, el enfoque prioritario radica en el carácter estrictamente gubernamental de los nuevos trenes.
La ejecución física del proyecto corre a cargo del aparato castrense. El Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” ha consolidado los estudios técnicos elementales para los primeros 800 kilómetros de trazo, divididos en cuatro segmentos estratégicos: Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. De este bloque, la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta de forma directa la obra en dos de las rutas. Asimismo, en el circuito del sureste, el cuerpo militar coordina el desarrollo de cuatro complejos logísticos y más de 101 kilómetros de vías internas en zonas de maniobra dedicadas exclusivamente al traslado de carga comercial, manteniendo brigadas activas para asegurar nuevos terrenos que permitan abrir más frentes de construcción con maquinaria pesada.
El soporte material de esta expansión logística requiere de un flujo metalúrgico masivo. Las autoridades del sector ferroviario confirmaron la vigencia de un contrato destinado a la adquisición de 88 mil 559 toneladas de acero para rieles. La distribución de este material muestra un avance del 55 por ciento en sus procesos de fundición; una porción navega actualmente en rutas marítimas y otra parte ya se encuentra bajo resguardo en bodegas nacionales. Los centros de acopio en Saltillo ya recibieron las primeras 4 mil toneladas de acero, previendo el inicio del tendido de rieles en el tramo Querétaro-Irapuato en el corto plazo. El plan de equipamiento incluye además la compra de 15 convoyes eléctricos diseñados para cubrir la ruta entre el AIFA y la capital hidalguense, consolidando una red de transporte público frente al antiguo esquema de beneficio privado.