Una pesquisa de Puente News y LA Times revela que ambos viajan a Estados Unidos con un parole especial; Villarreal califica las acusaciones de “falsas”.
La investigación criminal se expande. Estados Unidos ha puesto en la mira a dos gobernadores mexicanos más, según reveló este miércoles el Puente News Collaborative y el Los Ángeles Times. Los blancos: Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas. Durazo, de 71 años, es descrito por los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum como “uno de los líderes de más alto perfil que se cree estar bajo investigación hasta la fecha”.
El caso de Durazo tiene aristas complejas. Su visa fue cancelada el año pasado. Estados Unidos lo investiga por supuestos vínculos con el crimen organizado. El gobernador fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero a pesar de la negativa de visa, fuentes con conocimiento del caso informaron a los periodistas que Durazo viaja a Estados Unidos de manera regular para recibir atención médica bajo un programa especial: el “Significant Public Benefit parole”. Este mecanismo permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros. La oficina de Durazo no respondió a las solicitudes de comentario.
La investigación contra Villarreal tiene otro origen: el huachicol. Las fuentes indicaron que el gobernador de Tamaulipas también tiene un parole de Significant Public Benefit. Cuando cruza a Estados Unidos, es frecuentemente escoltado por oficiales estadounidenses. Villarreal calificó de “falso” toda acusación en su contra en una declaración a los reporteros.
El contexto no es menor. Un gran jurado en Nueva York ya emitió una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, lo que llevó a la solicitud de su extradición. Los reporteros reconocieron que fue el periodista mexicano Luis Chaparro quien previamente reportó que Durazo había perdido su visa y recibido el parole.
La presidenta Claudia Sheinbaum, según el reportaje, ha descalificado la investigación de Rocha Moya como “una campaña de difamación políticamente motivada contra el gobierno izquierdista”. Además, cuando el secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin se reunió con Sheinbaum en mayo, le dijo que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos. La respuesta de Sheinbaum fue contundente: el destino del gobernador se determinará en México, y advirtió a Mullin que acusaciones adicionales contra líderes electos serían consideradas “interferencia política” en los asuntos de México.
El gobierno mexicano enfrenta ahora una presión creciente. Tres gobernadores (Rocha, Durazo, Villarreal) están en la mira de Washington. Las visas canceladas, los paroles concedidos y los grandes jurados en Nueva York dibujan un escenario de fricción bilateral que no muestra señales de disminuir.