La nueva entidad ejecutiva reduce a 30 días las autorizaciones estratégicas, mientras una plataforma digital extingue el papeleo para pequeños comerciantes en todo el territorio.
Ocho mil millones de dólares ya tienen luz verde. Veintidós megaproyectos estratégicos recibieron el visto bueno de las autoridades, convirtiéndose en la primera prueba de fuego de una nueva arquitectura gubernamental diseñada para pulverizar la traba administrativa.
El pasado cuatro de mayo, un decreto presidencial dio vida a una oficina de alto nivel dedicada exclusivamente a acelerar la llegada de capital. La mandataria federal detalló que esta ventanilla única operará inicialmente para empreendimientos superiores a dos mil millones de pesos, con planes de escalar el beneficio hacia el tejido empresarial medio. El objetivo es blindar la digitalización de los procesos y anular cualquier espacio para la discrecionalidad o el cobro de cuotas informales.
La maquinaria interinstitucional ya está engrasada. Un comité que reúne a las secretarías de Economía, Hacienda, Energía y Medio Ambiente, junto con la Agencia de Transformación Digital, tiene la misión de dictaminar en un plazo máximo de treinta jornadas. Esta célula de decisión, apoyada por un consejo de relocalización económica instalado a finales de mayo, funciona como un embudo que filtra las gestiones para los polos de desarrollo, el Corredor Interoceánico y los sectores neurálgicos del Plan México: desde semiconductores y aeroespacial, hasta farmacéutica y automotriz.
El punto crítico de esta reingeniería estatal radica en el acompañamiento total. Las empresas no solo recibirán un sello de aprobación; contarán con un escudo burocrático que negociará con gobiernos locales y agencias para derribar cualquier barrera regulatoria. Mientras los grandes capitales esperan su turno en la vía rápida, los proyectos del portafolio general que no califiquen en esta élite deberán ser resueltos en menos de noventa días.
Paralelamente, en la trinchera del comercio cotidiano, una revolución silenciosa ya opera. Una plataforma digital, activa desde abril en 71 municipios de 19 estados, redujo el papeleo de apertura de negocios de 63 requisitos a apenas 10. Lo que antes tomaba dos meses de espera, hoy se resuelve con un inicio inmediato. Con la meta de cubrir 100 municipios que concentran la mitad del empleo nacional antes de que termine junio, el gobierno federal apuesta por una tesis clara: la velocidad en la autorización es el verdadero motor de la producción y el empleo.