Durante su conferencia matutina, la presidenta condicionó la cooperación: pidió acciones reales en territorio estadounidense y señaló el tráfico de armas como el punto de quiebre.
México no puede cargar solo con el costo de la violencia transfronteriza. La presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una exigencia directa: el combate al crimen organizado debe sostenerse como una tarea conjunta entre México y Estados Unidos, con obligaciones claras para cada lado.
En su intervención matutina, la mandataria sostuvo que el gobierno mexicano ha insistido en foros bilaterales de seguridad para que Washington intensifique las medidas dentro de su territorio. El objetivo: cerrar el paso al tráfico ilegal de armas hacia México y desmantelar redes criminales que operan en suelo norteamericano.
El señalamiento no fue abstracto. Sheinbaum apuntó a un principio que, dijo, debería reflejarse en los hechos: si México contribuye para que no llegue droga a Estados Unidos, la contraparte estadounidense debe responder para que no se introduzcan armas hacia el país. Con ese planteamiento, colocó el origen del problema en un eslabón específico de la cadena criminal: la entrada de armamento por la vía ilegal.
La presidenta también relacionó su postura con la cooperación reciente. Puso como ejemplo el decomiso de 43 mil cartuchos en Arizona, interpretado como una muestra de comunicación y coordinación entre ambos gobiernos para atender problemas que golpean a las dos naciones. Aun así, el mensaje fue contundente: la colaboración debe traducirse en más acciones, no solo en resultados puntuales.
Sheinbaum afirmó que México mantiene esfuerzos diarios en seguridad. Mencionó desde la atención a las causas de la violencia hasta la coordinación entre instituciones para frenar a quienes generan violencia y a los grupos delictivos. Pero remarcó que esa presión no elimina la necesidad de que Estados Unidos asuma su parte: sostuvo que una porción importante de las armas usadas en México proviene de compras legales realizadas en territorio estadounidense, para luego ser introducidas de forma ilegal.
La mandataria amplió el foco del debate. Señaló que la lucha contra el narcotráfico no puede quedarse únicamente en países productores o de tránsito. Subrayó que también existen organizaciones criminales que se dedican a la distribución de drogas y al lavado de dinero dentro de Estados Unidos. “No se podría explicar” la cantidad de droga vendida ilegalmente ahí si no hubiera operación delictiva en ese país, dijo.
Al final, el gobierno mexicano reiteró su ruta: mantener diálogo y cooperación con las autoridades estadounidenses, bajo una idea de responsabilidad compartida, respeto mutuo y acciones concretas para cortar tanto el tráfico de drogas como el flujo ilegal de armas. La advertencia quedó marcada: la crisis no se resuelve con discursos; se exige corresponsabilidad operativa.
