El 23 de junio, la presidenta sostuvo que el daño arrastrado por décadas se enfrenta con camas, especialistas e innovación, pero advierte rezagos.
Desde hace años, el desgaste del sistema de salud no se describe como un simple bache: Claudia Sheinbaum lo presentó como una acumulación de años de abandono y decisiones que, dijo, dejaron al país con hospitales rebasados y personal limitado. Este 23 de junio, la presidenta colocó el diagnóstico al frente de la discusión y aseguró que la actual administración busca “resar[ci]r” los efectos que, según ella, produjo el “neoliberalismo” en la atención pública.
En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum enmarcó su estrategia como un deber del Estado: garantizar el acceso a la salud desde la prevención hasta el tratamiento de los casos más complejos. Y para sostener ese punto, señaló movimientos concretos: la incorporación de 12 mil camas en todo el país, además de la formación y contratación de médicos especialistas y la introducción de innovación tecnológica en los distintos niveles del sistema.
La narrativa se volvió más filosa cuando la mandataria ubicó el origen del rezago. Dijo que no se trataba de problemas surgidos de la nada, sino de “justicia histórica” para la población mexicana tras un largo periodo de precarización de los servicios públicos sanitarios, ocurrido desde 1983. Ahí ofreció una comparación que funcionó como eje de su explicación: mencionó que de 1943 a 1982 se construyeron 29 mil camas en el IMSS, mientras que entre 1983 y 2018 solo se habrían construido 4 mil, pese al crecimiento de la población.
Según Sheinbaum, el efecto fue directo y visible: la saturación en Unidades de Medicina Familiar y hospitales. El argumento fue contundente: si el número de personas crece pero las clínicas no aumentan al mismo ritmo, el sistema termina soportando una carga imposible. A esa presión de infraestructura, la presidenta sumó otro componente: la forma en que se administró el personal médico. Indicó que las autoridades de entonces habrían dejado de contratar especialistas bajo una idea de “médicos de excelencia”, para lo cual, dijo, se volvieron más difíciles los exámenes y muchos no lograban pasar.
La mandataria afirmó que cuando su gobierno recibió el IMSS tuvo que enfrentar esa crisis, además de una situación que “enreves[ó]” el panorama por la pandemia de COVID-19. A partir de ese escenario, sostuvo que la renovación del Instituto empezó plenamente en 2022. Pero no lo presentó como un proceso aislado: Sheinbaum también denunció la tercerización y la privatización de servicios, en el contexto de la cual, aseguró, se gastaba dinero para beneficiar a empresas que ofrecían medicamentos y servicios integrales de salud.
En ese punto, su crítica dejó una imagen más dura: hospitales “prácticamente cascarones” con pocos médicos y una atención contratada desde fuera. También lanzó un reclamo temporal: consideró “importante recordar” esas condiciones para evitar que la responsabilidad se asigne únicamente a lo ocurrido desde 2019 en adelante. En su visión, lo que pasó durante el periodo en que el país, dijo, fue dejado a su suerte, incluyó un crecimiento de farmacias privadas con servicios privados; aclaró que no cuestiona su existencia, pero sí su papel como sustituto del sistema público.
Aun así, el mensaje no fue de negación total de los problemas. Sheinbaum reconoció que continúan existiendo dificultades en el IMSS, y que se atienden diariamente. La presidenta remató el argumento con una idea de capacidad: dijo que el Instituto es de los sistemas de seguridad social más importantes del mundo y de América, y que se requieren recursos para sostener el funcionamiento y la consolidación de la atención.
La tensión quedó completa al aterrizarlo en un caso específico. Durante la conferencia, Zoé Robledo Aburto informó que se amplía un hospital en San Quintín, Baja California, antes vinculado a IMSS-Coplamar. El director explicó que, una vez consolidado el IMSS-Bienestar, el hospital pasó a IMSS ordinario, manteniendo el régimen para derechohabientes y para población sin seguridad social, sobre todo con los esfuerzos federales orientados al Sistema Universal de Salud.
Robledo Aburto detalló que el hospital se construyó como hospital rural: contaba con entre 20 y 40 camas y 5 especialidades. Señaló que ahora que el IMSS lo recuperó, pasará a 80 camas y 14 especialidades para garantizar el bienestar de jornaleros de la región. Con ese dato, el discurso de “resar[c]ir” daños no quedó solo como promesa: se conectó con ampliaciones y aumento de especialidades en un espacio concreto.
El cierre de la intervención presidencial fue un llamado a mirar el tiempo completo del rezago y a exigir que el sistema recupere la capacidad que, según su versión, se perdió. La advertencia, al final, fue clara: el avance no borra los pendientes, pero la ruta ya está marcada por camas, especialistas y reconversión del modelo para que el derecho a la salud no dependa de la saturación ni del abandono.