Con sanciones en la mira, el presidente vincula estafas y presunto incumplimiento: la gasolina debe caer más rápido en todo el país.
El llamado llegó con urgencia y tono de ultimátum: Donald Trump instruyó al Departamento de Justicia para que investigue a las compañías petroleras que, según su señalamiento, no están reduciendo el precio de la gasolina al ritmo esperado en todos los estados.
La presión se activa en un contexto que, en el relato oficial, funciona como detonante. La semana pasada, tras firmar en Versalles un documento con 14 puntos para sentar bases de un acuerdo definitivo de paz con la República Islámica y reabrir el estrecho de Ormuz, comenzó a reactivarse el tránsito marítimo en esa ruta. Trump planteó que ese movimiento ayuda a despejar una amenaza mayor: el riesgo de que empeore el desabasto de petróleo en mercados de Asía y Europa.
Con ese giro, la narrativa cambia de la geopolítica al tablero doméstico. A nivel global, sostiene el texto base, inició una tendencia de descenso en el precio de la gasolina. Sin embargo, aparece un freno en el mismo escenario que debería beneficiarse: en algunas ciudades de Estados Unidos, el precio todavía no baja. Ese “desajuste” es el foco de la nueva ofensiva del presidente.
Trump atribuyó la lentitud a la resistencia de ciertos actores del sector. En particular, acusó a empresas que refinan, distribuyen y venden combustibles de no fijar un costo más bajo para el consumidor, a pesar de la caída en los precios del petróleo. En esa línea, la amenaza que hizo explícita fue directa: el DOJ comenzaría a establecer sanciones contra las compañías que sigan operando con valores del combustible por encima del promedio nacional.
El mensaje se apoyó en una instrucción sin rodeos. Por publicación en Truth Social, el mandatario dijo haber dado indicaciones para que la investigación inicie “de inmediato” y remató con una exigencia: los precios tendrían que bajar mucho más rápido de lo que estaba viendo. No se quedó en lo legal. También elevó el tono con calificativos, al señalar que algunas empresas petroleras serían “estafadoras”, acusándolas de incumplir la proporción que, según su lectura, debería existir entre la caída del petróleo y el precio final en surtidores.
La acusación se convierte entonces en el punto de tensión: si el mercado muestra descenso global, ¿por qué algunos consumidores locales aún sienten precios altos? Trump respondió con la idea de una brecha sostenida, asegurando que las “grandes petroleras” no estarían trasladando la baja del crudo con la misma velocidad con la que, en su descripción, caen los precios que esas empresas pagan por el petróleo. En el núcleo del argumento está el consumidor, al que coloca como presunto perjudicado por una dinámica de precios que no se mueve al ritmo de la materia prima.
En paralelo, el texto aporta un ancla numérica atribuida a GasBuddy: el precio promedio de un galón de gasolina regular se ubica en 3.90 dólares, nueve centavos menos que el promedio de la semana anterior. Es una variación que confirma que hay movimiento, pero que, según la crítica presidencial, no es suficiente o no llega con la rapidez deseada a ciertos lugares.
Mientras se intensifica la presión legal, el Gobierno también sostiene su propia explicación sobre la continuidad del descenso. En entrevista para “This Week” de ABC News, el secretario de Energía, Chris Wright, afirmó que se mantiene una producción estadounidense en aumento y, además, mencionó una producción en auge en Venezuela. Sumó que habría cooperación con otros productores de energía del mundo, y con eso argumentó que los precios de la energía seguirán bajando. Su mensaje fue que los estadounidenses pueden esperar continuidad en la caída.
Así, la historia se bifurca: por un lado, Trump impulsa el elemento de control y sanción al sector que, en su interpretación, no ajusta precios al ritmo del mercado; por otro, el secretario de Energía apuesta por una ruta de descenso sostenido por la oferta.
La consecuencia inmediata que subyace en todo el texto es un choque entre expectativas y resultados. Si el precio global cae y el tránsito por Ormuz se reanima, la ciudadanía —al menos en algunas ciudades— debería verlo reflejado en surtidores. Cuando no ocurre con la misma velocidad, el presidente activa investigación y amenazas de castigo, enmarcando la disputa como un asunto de presunta estafa y falta de traslado de beneficios del mercado al consumidor.
Y con esa combinación de geopolítica, presión legal y acusaciones al sector, el mensaje final queda escrito en clave de ruptura: no basta con que el petróleo baje; la gasolina, insiste el presidente, debe seguir ese camino y hacerlo, ahora, más rápido.