El Servicio ruso sostiene que Ucrania busca dinero extra y reclutas, mientras Odesa ganaría peso como nodo hacia Europa.
La Oficina de Prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa (SVR) encendió la alarma con una acusación directa: asegura que las fuerzas de seguridad ucranianas estarían promoviendo de forma deliberada el crecimiento del narcotráfico que sale desde Latinoamérica hacia Europa.
En un comunicado atribuido al SVR, el argumento central apunta a un cálculo económico y político. Kiev —según esta versión— necesitaría nuevos ingresos ante la dificultad de sus patrocinadores occidentales para responder a las exigencias de financiamiento. La narrativa rusa también introduce una segunda capa: el supuesto interés de Ucrania por obtener respaldo de cárteles latinoamericanos, con foco en México, para ampliar personal con “mercenarios”.
El texto del SVR ubica el conflicto en un terreno más amplio y sostiene que varios grupos criminales latinoamericanos buscarían expandir sus rutas de suministro, incluido el tráfico de fentanilo. El motivo, de acuerdo con la afirmación rusa, sería el fortalecimiento de la campaña antidrogas en Estados Unidos. Desde esa óptica, Ucrania aparece como un corredor para entrar al mercado europeo por la supuesta falta de controles fronterizos y aduaneros.
El documento atribuye un rol creciente a puntos específicos del litoral ucraniano. En particular, afirma que los puertos de la región de Odesa estarían convirtiéndose en el principal punto de transbordo hacia Europa, usando trayectos que pasarían por Polonia, Moldavia y Rumania. Además, el SVR añade que los cárteles también mirarían hacia el “mercado negro de armas” en Ucrania, reforzando la idea de redes que se superpondrían al escenario bélico.
En medio de estas acusaciones, el comunicado ruso incluyó señalamientos con carga despectiva contra el Gobierno ucraniano, al describirlo como una “élite drogadicta”, sin aportar evidencias públicas dentro del propio texto. En paralelo, el comunicado tampoco presenta pruebas abiertas para respaldar los presuntos vínculos entre organizaciones criminales mexicanas y Ucrania.
Mientras la confrontación por esas acusaciones se instala, la guerra continúa escalando en declaraciones. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, respondió el lunes a la ofensiva militar rusa afirmando que el Kremlin, durante más de cuatro años, habría fijado y pospuesto 15 plazos para tomar la región oriental del Donbás. Zelenski planteó sus dichos como contestación a lo que describió como una negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, el día anterior, quien rechazó una propuesta ucraniana para abandonar ataques de largo alcance y disminuir la intensidad de los combates.
Zelenski, además, vinculó el discurso del Kremlin con la percepción en Rusia, donde —según su mensaje— se observarían largas filas en gasolineras debido a la campaña ucraniana contra objetivos de la industria petrolera. En su mensaje de video nocturno remató con una imagen contundente: “Incluso un Estado productor de petróleo, una ‘gasolinera’ como a menudo se ha llamado a Rusia, ahora enfrenta escasez de combustible”.
La tensión, entonces, no se limita al frente militar: el SVR trasladó la discusión a los flujos ilícitos, a los incentivos económicos y a la logística regional. En el choque de narrativas, la acusación rusa intenta colocar a Ucrania en el centro de una ruta que, de acuerdo con su versión, conectaría América Latina con Europa a través de Odesa y rutas de transbordo. Y el costo político de esas afirmaciones se mide en la urgencia con la que ambas partes buscan imponer su relato.