La solicitud llegó al juez Brian M. Cogan; la audiencia de sentencia en Nueva York ocurre el 20 de julio, tras aplazamientos.
A una semana de que “El Mayo” Zambada García escuche su sentencia en Nueva York, la Fiscalía federal de Estados Unidos apretó el acelerador: solicitó cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares. La petición fue presentada el lunes 13 de julio ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, dejando sobre la mesa una condena que, según los fiscales, es el mínimo obligatorio para uno de los delitos por los que el cofundador del Cártel de Sinaloa ya aceptó responsabilidad.
El calendario también marca el nivel de urgencia. La audiencia está programada para el 20 de julio de 2026 en la corte federal de Brooklyn, después de que se moviera en varias ocasiones. Antes, la diligencia había sido fijada para el 13 de enero de este año, pero el caso avanzó con retrasos hasta llegar a este punto decisivo.
La estrategia de la acusación se apoya en el reconocimiento previo de Zambada García ante el tribunal. El 25 de agosto de 2025 se declaró culpable por encabezar una empresa criminal continua y por delincuencia organizada bajo la ley estadounidense RICO. Ese acuerdo, descrito en el expediente, incluye una sentencia mínima obligatoria de vida sin posibilidad de libertad condicional y la emisión de una orden de decomiso por la suma multimillonaria.
El decomiso no aparece como un detalle, sino como una línea de presión adicional. De acuerdo con el planteamiento, el fallo económico permitiría al gobierno de Estados Unidos perseguir bienes, cuentas y otros activos vinculados a las ganancias de la organización, como forma de intentar cubrir la cantidad señalada.
Durante la audiencia de culpabilidad, Zambada reconoció la operación de una red internacional de tráfico de drogas durante décadas. También admitió vínculos con productores colombianos de cocaína y describió cómo el Cártel de Sinaloa utilizó rutas marítimas y aéreas para mover narcóticos. A la par, el documento apunta que el esquema incluía el pago de sobornos a policías, militares y funcionarios mexicanos para sostener la operación.
La narrativa se endurece aún más con los hechos vinculados a violencia interna. El Departamento de Justicia sostiene que Zambada reconoció haber ordenado asesinatos para proteger las actividades del grupo y haber encabezado la estructura responsable de introducir grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo en territorio estadounidense.
En paralelo, la defensa de Zambada, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, también aceptó el marco central: informó al juez que el acusado comprende que pasará el resto de su vida en prisión. Pero su empuje se mueve hacia otro frente: pidió que Cogan recomiende al Buró Federal de Prisiones un centro con servicios médicos adecuados para atender sus padecimientos. El escrito indica que se trata de un hombre de 76 años y que, aunque la pena no cambia, la atención penitenciaria sí debería considerar necesidades médicas.
Además, la defensa plantea que “El Mayo” no brindó “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses y que tampoco pretende colaborar para buscar una reducción de su condena. Aunque la decisión final sobre el lugar penitenciario corresponderá al Buró Federal de Prisiones, el juez puede incluir una recomendación al dictar sentencia; esa posibilidad se convierte en el último espacio de negociación práctica antes del fallo.
Detrás de la etapa penal, el caso arrastra otra capa: la controversia entre México y Estados Unidos por la forma de la detención. Zambada García fue detenido el 25 de julio de 2024 tras aterrizar en un aeropuerto de Nuevo México acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán e integrante de Los Chapitos. El capo sostuvo que fue engañado, secuestrado y trasladado contra su voluntad desde México, lo cual mantiene abierto el choque diplomático.
El propio gobierno de México solicitó al FBI información oficial sobre la posible participación en esa operación, ante la sospecha de que el traslado pudo implicar una violación a la soberanía nacional. Mientras esa disputa sigue viva, el juez Brian Cogan —que además encabezó el proceso y dictó sentencia contra “El Chapo”— tendrá ahora el rol central: imponer la condena definitiva a Zambada García el 20 de julio.
En suma, el caso entra a su recta final con dos elementos que se empujan entre sí: la vida en prisión como mínimo obligatorio, y un golpe económico que busca convertir el castigo en una ofensiva patrimonial de escala extraordinaria. La audiencia de Brooklyn no llega como una formalidad: llega como el desenlace de un acuerdo ya hecho, con consecuencias financieras y legales que se pretenden ejecutar en el mismo momento en que el tribunal firme la sentencia.