Tras la filtración de grabaciones sobre presuntos vínculos y mesas de seguridad, el gobierno federal descarta que haya datos sensibles.
El gobierno federal salió a escena con una postura que buscó cortar la polémica de inmediato: Claudia Sheinbaum respaldó a Marina del Pilar Ávila Olmeda luego de la difusión de nuevos audios donde, presuntamente, conversa sobre autoridades de Estados Unidos y asuntos ligados a las mesas de seguridad.
La tensión se activó en la conferencia matutina del 14 de julio de 2026. En ese espacio, la Presidenta fue cuestionada sobre qué medidas tomaría la administración federal para resguardar información sensible que, de existir riesgos, podría afectar la seguridad del país. El punto de fondo era simple y explosivo: si lo grabado implicaba datos comprometidos o solo era conversación sin consecuencias.
Ahí entró Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Su respuesta se apoyó en un argumento central: con lo que se conoce hasta ahora, el contenido de los audios no permitiría sostener que se compartió información confidencial. El mensaje se articuló con precisión técnica y, al mismo tiempo, con una línea política: no hay evidencia suficiente para concluir daño.
García Harfuch explicó que en las mesas de seguridad estatales participan no únicamente actores del gobierno federal, sino también autoridades estatales. Además, se reporta la incidencia delictiva diaria. Con esa premisa, planteó que no se observa, en lo difundido, un tipo de información con un nivel de sensibilidad que obligue a asumir que alguien la entregó a terceros. Su frase dejó la puerta abierta a la duda: ni siquiera se sabe con quién estaba hablando Marina del Pilar en la conversación.
Esa misma incertidumbre fue reforzada por Sheinbaum. Cuando le preguntaron cómo califica las grabaciones, la Presidenta sostuvo que no hay certeza sobre la identidad de la persona al otro lado de la llamada. “Ella ya dio su explicación” fue el eje de su respuesta: que la gobernadora presentó su versión de los hechos y que, con lo que se escucha, no se puede determinar si el contacto era o no una autoridad de Estados Unidos.
Sheinbaum insistió en el mismo punto que García Harfuch: lo difundido gira alrededor de una llamada telefónica dada a conocer por un periodista y no se puede establecer a partir de ella con quién se hablaba. En ese marco, afirmó que Marina del Pilar señaló que no está en riesgo la seguridad de Baja California. La formulación buscó establecer una separación tajante entre el contenido de los audios y la posibilidad real de una afectación a nivel nacional o estatal.
Este encuentro de posicionamientos —Sheinbaum por un lado y García Harfuch por otro— fue presentado como el primer pronunciamiento conjunto del Gobierno federal sobre la controversia. Ambos coincidieron en que, con la información disponible, no existe evidencia de que la gobernadora haya revelado datos sensibles derivados de las mesas de coordinación. Para la administración federal, ese era el cuestionamiento principal que surgió tras la filtración: si la información que aparece en las grabaciones corresponde a asuntos reservados o si, por el contrario, no constituye una amenaza.
Sin embargo, la polémica no nació en el vacío. Se originó cuando se hicieron públicas conversaciones atribuidas a Marina del Pilar. Ahí se menciona —según lo difundido— la existencia de contactos con personas que dicen tener vínculos con autoridades estadounidenses. También aparecen referencias relacionadas con la cancelación de su visa y posibles escenarios legales. Ese conjunto de elementos fue el combustible de la controversia: incluso antes de que el gobierno valorara el contenido, el debate público se enfocó en si había presuntas negociaciones o asuntos que cruzaran líneas de seguridad.
La gobernadora, por su parte, ya había tomado la ruta de la negación y el encuadre: sostuvo que las conversaciones fueron sacadas de contexto, rechazó haber comprometido información reservada y aseguró que en ningún momento puso en peligro la seguridad de Baja California. Con esas declaraciones encima y el respaldo federal en la misma dirección, el gobierno cerró filas alrededor de la mandataria estatal.
El cierre del posicionamiento federal dejó una conclusión política y operativa: el contenido difundido, por sí mismo, no se considera una amenaza para la seguridad nacional ni para las tareas de coordinación entre autoridades mexicanas. En la práctica, la administración trasladó el debate de “posible filtración” a “falta de evidencia”, y con eso intentó contener el daño reputacional y el impacto institucional de los audios.
Frase final contundente:
Con Sheinbaum y García Harfuch alineados, el gobierno federal marcó la ruta: lo difundido no prueba riesgo; solo abre dudas sobre a quién se le habló.